Los efectos negativos de las ocurrencias convertidas en ley se manifiestan. Esto sucede en el proceso de adquisición de insumos para la salud 2021, instrumentado por la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), en coordinación con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que augura desabasto y comenzó con dos reformas legislativas que pasaron a pesar de la amplia oposición: la desaparición del seguro popular en 2019 y la exención de la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en la compra de bienes para la salud en 2020.
Un contraste a estas ocurrencias legislativas es la reforma de 2009 a la LAASSP, que impulsó la estrategia de consolidación de compra de insumos para la salud para las entidades públicas con relativo éxito y mucho esfuerzo institucional que se concretó cuando, en 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encargó de la primera compra de medicamentos del sector salud y se consiguieron ahorros por 21 mil 360 millones de pesos.
No hubo improvisación. La estrategia tenía múltiples aristas que fueron atendiéndose con diversas acciones programadas: la definición del cuadro básico, la homologación de claves, la integración de los procesos en la que el proveedor era responsable del suministro, almacenaje y distribución, la reconfiguración del mercado y la adecuación normativa y presupuestal que involucraba a instancias federales y locales, entre otras.
El trabajo ordenado y sistemático arrojó resultados. En un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coordinado por Alejandra Llanos, se concluye que “de 2014 a 2019, a través de la compra consolidada y negociación de precios de medicamentos se alcanzaron ahorros por 25 mil 509 millones de pesos”.
Por ejemplo, los precios de medicamentos de fuente única variaban de 2 a 300% y se logró negociar más de 225 claves de insumos y, en este rubro, se lograron ahorros por 4 mil 149 millones de pesos. Las cifras que arrojó el estudio del CIEP muestran una gran eficiencia del IMSS en este proceso y la tendencia a incorporar cada año a más instituciones públicas de salud en la compra consolidada.
En el 2019, la responsabilidad de la compra consolidada pasó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte del modelo centralizador de la 4T en sus reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y, según los resultados de la revisión de la cuenta pública de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el proceso no se lograron las mejores condiciones para las instituciones de salud.
Los malos resultados de 2019 y un diagnóstico equivocado provocaron la ocurrencia legislativa mencionada en julio del 2020, hecha a la medida de la UNOPS, para que esta instancia intergubernamental se encargara de la compra consolidada con base en un acuerdo suscrito un mes después. Ya había riesgo de desabasto generalizado.
Es el caso que la UNOPS inició del proceso en octubre del 2020, considerando un abasto crítico (adjudicación directa) y varias licitaciones con fechas de entregas programadas para enero y abril 2021 respectivamente. En el abasto critico sólo se asignó un poco más del 50% de las claves y sin que hubiera una solución clara para la distribución de los insumos de salud. Por su parte, las licitaciones comenzaron después de la fecha establecida y todavía no se adjudican y es posible que el 60% de las claves se declaren desiertas. Ante esta situación, el INSABI, al más puro estilo bíblico, se lavó las manos e informó a las instituciones consolidadas que deben hacerse responsables de sus necesidades de surtimiento hasta junio de este año.
Ahora estamos en el peor de los mundos. Las entidades públicas de salud comenzaron a realizar compras de emergencia en condiciones poco favorables de precio, calidad y financiamiento con lo que se regresó a la compra descentralizada en la que los depredadores del mercado son los que imponen sus condiciones. Esto sin considerar los problemas de distribución oportuna de los medicamentos que el IMSS, ISSSTE y PEMEX pueden sortear, pero no el resto.
Además, otros riesgos son que los datos son incompletos y no hay un informe claro de la UNOPS sobre las claves que ha asignado con lo que se corre el riesgo de que haya duplicidad en las adquisiciones en un proceso coordinado por el INSABI, que es una instancia gubernamental de reciente creación sin experiencia institucional.
La crónica anunciada del desabasto comienza con la acumulación de ocurrencias legislativas y administrativas -que se reportan en el estudio del CIEP- y la confirma la Asociación Mexicana de Investigación e Innovación Farmacéutica (AMIIF) y la ASF que ya alertaron sobre esta situación. Las lecciones son: hay que confiar en instituciones como el IMSS y el agua tibia se inventó hace muchos siglos.