Corrigiendo el rumbo: La universalidad de la salud

En 2019, en medio del discurso que nuestro sistema de salud sería como el nórdico en menos de cuatro años, se propuso la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en ese orden. El 29 de noviembre se concretó legislativamente la pretensión y el primero de enero de 2020 comenzó la operación del nuevo organismo público descentralizado con el objeto de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus migratorio.

Además, se sustituyó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por el Fondo de Salud para el Bienestar, se firmaron convenios de coordinación con algunas entidades federativas para transferir la operación de los servicios de salud del ámbito local al federal y se determinó que el gasto en salud no podía ser inferior al ejercido el año inmediato anterior como estrategia para garantizar la gratuidad.

Durante el proceso de “reflexión” para la creación del INSABI, el rumor de que el IMSS-Bienestar sería absorbido por el nuevo organismo corrió con gran fuerza hasta que en las giras presidenciales de fin de semana de ese año, que se concentraban en la visita a hospitales y clínicas en zonas marginadas, el titular del ejecutivo se convenció de que el programa creado como IMSS-COPLAMAR era una buena estrategia para atender a los grupos excluidos de la seguridad social.

En una carta, los seis exsecretarios de salud advirtieron del error de desaparecer el seguro popular y que era necesario reforzarlo financieramente, así como mejorar sus controles. En la misiva reconocieron insuficiencias y rezagos y señalaron los avances en materia de salud, especialmente en la ampliación de la cobertura. En el parlamento abierto realizado en agosto de 2019, hubo críticas a la estrategia gubernamental y muchos sugerimos que IMSS-Bienestar fuera el eje de expansión de la atención a la salud de la población no asegurada. Los invito a leer mi libro sobre “Las crisis no superadas de la seguridad social” donde expongo las equivocaciones de esta reforma legal.

Dos años después, la cruel evidencia del fracaso del INSABI es que un 12% menos de población con acceso a los servicios de salud, según la nota técnica del CONEVAL y el gobierno federal ahora sí recurre a una organización de expertos comprometidos con la salud con reglas de operación y esquemas de financiamiento efectivos y transparentes.

¿Cuál sería el resultado hoy si se hubiera conservado el seguro popular como modelo de financiamiento de las enfermedades catastróficas para pagar, por ejemplo, las medicinas a los niños con cáncer o si la atención del primer y segundo nivel se hubiera depositado en el IMSS-Bienestar sólo en los estados con problemas de operación de los servicios locales de salud?

Es imposible responder estas interrogantes y es mejor corregir, que continuar con una estrategia fallida. Hoy, ya pasada la mitad del sexenio, se anuncia la firma de convenios de coordinación de Tlaxcala, Colima y Nayarit y el IMSS-Bienestar, con lo que ojalá se recupere lo perdido por el craso error cometido con la creación del INSABI.

Sin embargo, no hay que echar las campanas al vuelo y hay que desconfiar de la promesa presidencial de que con 200 hospitales más se abatirán los rezagos y nos equipararemos a los países nórdicos. Este tipo de discurso no tiene sustento fiscal, ni presupuestal, ni administrativo.

Primero, los datos duros. En Suecia, Noruega y Finlandia los ingresos fiscales representan más del 40 % del PIB y en México no llegamos al 20. En los países nórdicos el gasto en salud ronda el 10% del PIB y en Mexico el 5. Hay que pensar un nuevo sistema de impositivo para financiar a la salud pública que no sea la contribución a la nómina y destinar más presupuesto a este sector.

Segundo, el IMSS-Bienestar tiene un déficit de médicos en relación con la población que actualmente atiende y necesita dos tantos más para llegar al número por habitante que establecen los estándares internacionales, según informa la directora de ese programa de asistencia. En palabras llanas, hay que triplicar el presupuesto de IMSS-Bienestar para otorgar servicios de calidad a la población marginada, crear plazas, elevar las percepciones de los trabajadores de la salud y un largo etcétera.

La universalidad de la salud es un propósito compartido por todos. En los últimos años nos habíamos puesto de acuerdo como lograrla y estaba funcionando, aunque tuviera defectos, que era necesario corregir. En 2019, se dio marcha atrás a lo avanzado con el INSABI, pero 27 meses después de su creación, este organismo pasa a un segundo plano y el presidente regresa a lo que se hacía antes. Lamentablemente, la población más marginada es la que paga los errores.