El pasado 29 de enero, el Presidente anunció la conformación del nuevo gabinete para el Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico, especialmente en el sector energético, coordinado por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y el mismo día Donald Trump suscribió, en presencia de la clase política de su país y una importante delegación de funcionarios mexicanos, el Tratado México-Estados Unidos- Canadá (T-MEC) que moderniza el TLCAN, firmado en 1994 y que fue la excusa para el levantamiento zapatista en el sur de México.
¿Cómo compaginar estos significativos hechos -aplaudidos por el gobierno y sus adversarios- con el discurso antineoliberal? Ese es un dilema que enfrenta Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, que es el foro de mayor relevancia en el debate político, y de cara a las elecciones intermedias del 2021.
Una vez ganadas las elecciones e integrado el gobierno en 2018 la estrategia inicial fue el borrón y cuenta nueva en casi todos los aspectos de la vida administrativa e institucional, y la pretensión de culpar de todos los males al pasado inmediato. Esto redituó en la popularidad del Presidente que se fortaleció con la persecución y, en su caso, encarcelamiento de personajes identificados -correcta o incorrectamente- con la corrupción. Esta circunstancia la determinarán los jueces en forma definitiva.
Sin embargo, la realidad de la operación cotidiana en los entes públicos gubernamentales ha orillado a la adopción de otra estrategia más conciliadora con el pasado que parte del reconocimiento de logros y rezagos, que favorecen el rescate de lo que estuvo bien y la eliminación de lo equivocado.
En esta tesitura, la búsqueda de mayor eficiencia, eficacia y economía en las organizaciones públicas prevalece en el gobierno llamado de la cuarta transformación, aunque el peso que se otorga a esta pasa a un segundo plano y ahora se privilegia la austeridad y el combate a la corrupción.
Por ejemplo, en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCIMGP) se reconoce que la estrategia de modernización fue relativamente exitosa y por ello conserva como uno de los fundamentos de la gestión pública de la cuarta transformación el “Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) como un mecanismo para analizar y evaluar los resultados de la política social y con base en ellos orientar el gasto público… que se enfoca en realizar valoraciones objetivas de los programas presupuestarios bajo el principio de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, basándose en indicadores estratégicos y de gestión”.
Hay un reconocimiento expreso, a pesar de que tenga un DNA neoliberal, que mejorar la administración pública con base en la medición de resultados y la regulación jurídica correspondiente son elementos indispensables para proyectar cualquier acción de gobierno y las cifras que este sistema arroja son un referente para la elaboración de las políticas públicas y la toma de decisiones correctas.
Además, dicho programa señala que “México ha tenido avances significativos en la implementación de la gestión por resultados por lo que actualmente ocupa uno de los primeros lugares en América Latina”. Hay avances en el presupuesto por resultados, la gestión financiera es más ordenada, los programas y proyectos son más objetivos, medibles y razonables, así como el seguimiento y la evaluación es más puntual.
No obstante, el gobierno de la 4T es muy enfático y en eso coincidimos la mayoría, que la estrategia modernizadora fue insuficiente en dos aspectos: el combate efectivo a la corrupción y la generación de confianza de la ciudadanía en la acción del gobierno y, en específico, en el desempeño honesto y leal de los servidores públicos. Los índices de corrupción y percepción de la misma crecieron y las estrategias para combatirla no alcanzaron la efectividad deseada. La superficialidad de la clase política fue ofensiva y sus excesos insostenibles.
Estas circunstancias agregan un tema en la agenda que consiste en la institucionalización de los agentes, procedimientos, normatividad y prácticas orientadas a una ética de la gestión pública que deben compartir los servidores públicos o particulares como fuente para la generación de confianza en el gobierno.
Ahí la relevancia de los dos hechos citados. Recuperan algo del pasado que puede ser rescatable mandando un mensaje de que el gobierno es confiable para los inversionistas nacionales y extranjeros y que rendir resultados concretos es parte esencial de la forma de gobernar en el siglo XXI. No basta el discurso ideológico descalificador, ni la lógica política de lealtad para reactivar la economía.
En el primer año de gobierno, las estrategias, como aquellas contenidas en el PNCCIMGP, toman en cuenta el trabajo colectivo de los últimos 20 años y éste se convierte en la plataforma para el relanzamiento de un gobierno que pretende convertir el voto mayoritario en confianza en las instituciones públicas. Afortunadamente, el borrón y cuenta nueva, paulatinamente, ocupa un segundo plano.
