La serie de artículos que he publicado sobre la reforma gubernamental de pensiones, que al momento de escribir esta columna no había sido enviada al Congreso de la Unión, generó una significativa comunicación con especialistas en la evaluación y diseño de sistemas pensionarios.
En el intercambio epistolar electrónico hay varias coincidencias que sintetizo:
La causa de la baja tasa de reemplazo y el alto número de personas que no alcanzarán la pensión mínima garantizada es resultado de la informalidad en el mercado de trabajo que reduce el tiempo y monto de las cotizaciones. Los trabajadores de menores ingresos aportan a la seguridad social menos del 20 % del total de su vida económicamente activa.
La cobertura de la pensión universal a los adultos mayores que han cumplido 68 años (65 en grupos indígenas) es un acierto, pero no está integrada al sistema pensionario contributivo, lo que provoca duplicación en la transferencia de recursos a algunos grupos poblacionales.
El monto de la pensión universal es bajo y el esquema no es viable en el largo plazo, salvo que se genere un esquema financiero que incluya la constitución de reservas.
La intención de reducir las semanas de cotización como requisito para obtener la pensión mínima garantizada aumenta los derechos de un grupo reducido de trabajadores, en un cálculo realizado en una nota de Santiago Levi, fechada el 5 de agosto, asciende a 1.7 millones de más de 52 millones de trabajadores que debieran cotizar al IMSS por pertenecer al Apartado A del artículo 123 constitucional. Además no incluye a los cotizantes al ISSSTE que ascienden a 2.5 millones.
La concentración del gasto presupuestal en los trabajadores de bajos ingresos vía cuota social -la reforma contiene una buena propuesta de reasignación de las transferencias- es insuficiente. Hay que aumentar la aportación gubernamental solidaria en las cuentas individuales que son un ahorro de largo plazo.
La propuesta de reforma hace un reconocimiento implícito de que la mejor forma de administrar los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores es un sistema híbrido, es decir, es público en su supervisión y garantía con gestores privados y públicos (AFORES y PENSIONISSSTE) para individualización de los recursos, la inversión de los mismos y la información de los saldos.
La reforma afecta el comportamiento del mercado laboral e incentiva la informalidad por dos razones: la falta de integración de las pensiones contributivas (seguridad social) y no contributivas (asistencia social), lo que premia a la no cotización y la subdeclaración, y aumento del costo del empleo formal con la elevación de la cuota patronal.
No hay una propuesta para reducir el costo de las pensiones de la generación en transición, quienes cotizaron bajo el amparo de la Ley de 1973, ni una incorporación integral a la pensión universal para evitar que haya una doble trasferencia de recursos presupuestales.
El incremento de las cuotas patronales no es la forma adecuada de aumentar el ahorro en las cuentas individuales porque afecta gravemente al empleo formal. En resumen, la reforma tiene buenas intenciones, pero no va en el sentido correcto y es a todas luces insuficiente, porque beneficia a pocos en términos relativos y a mediano plazo e inconveniente en estos momentos de crisis económica.
¿Por dónde hay que empezar?
Primero, separar el problema de seguridad social en dos instancias especializadas. Una destinada a la salud y otra a pensiones. El IMSS debiera asumir la atención medica universal con el fortalecimiento de IMSS bienestar y financiamiento presupuestal. Tiene la experiencia y la mística. Además, recuperar la propuesta de la CONSAR en sus apuntes publicados y crear un Instituto Nacional de Pensiones con autonomía.
Segundo, desvincular el financiamiento de la seguridad social del monto salarial y abandonar la idea que es proporcional que se pague más por quien más gana y sustituirla por un modelo en que se pague más por el que menos gana con un mayor peso de los recursos públicos.
Tercero, no convertir a la seguridad social en el motor hacia la formalidad, pero tampoco en una carga para aumentar la misma. La contribución para el ahorro previsional debe ser neutra.
En pocas palabras, darle autonomía estructural a la conducción del sistema pensionario, eliminando las diferencias entre el apartado A y el B del artículo 123 constitucional.
Otorgarle autonomía financiera al sistema pensionario para que, en el mediano y largo plazo, dependa menos de los recursos presupuestales y más de los ahorros colectivo e individual institucionalizados.
Garantizar que la masa salarial sea autónoma de los costos de la seguridad social para no castigar al empleo formal con aumento de cuotas. Esto último implica creatividad y abandonar criterios añejos sobre lo que es la proporcionalidad fiscal, que es una tarea difícil.
El obstáculo es que la autonomía es un concepto que le genera urticaria al gobierno de la 4T.
Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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