El 30 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se diseñó el esquema de distribución de facultades entre las dependencias del Ejecutivo Federal con tres rasgos principales: la concentración de atribuciones en las oficinas de la Presidencia, la SHCP, la SFP y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, la coparticipación en los nombramientos de los delegados y titulares de las representaciones federales en las entidades federativas con la creación del “superdelegado” y la exclusión de la SFP en los procesos de compras consolidadas y contratos marcos, cuya operación la asumió la oficialía mayor de la SHCP.
El pasado jueves 29 de julio el presidente “ahora si la puso difícil”, en sus palabras, y pretende regresar a la SFP la atribución de intervenir en las compras consolidadas, como sucedía antes, y que los contralores de las dependencias y entidades estén subordinados a los titulares de las unidades de administración y finanzas, que sustituyeron a las oficialías mayores, tal y como en su momento propuso el presidente Peña Nieto .
Verdaderamente, puso difícil de entender cual es el modelo con el que pretende gestionar al gobierno durante la segunda mitad del sexenio, aunque se puede explicar de manera sencilla. Primero, fracasó el proyecto de concentrar en las oficinas de la SFP a los titulares de los órganos internos de control por razones presupuestales, espacio físico y conveniencia administrativa y, luego, la compra consolidada de medicamentos llevada a cabo por la UNOPS, el INSABI y la SHCP no se ha concluido con éxito y pone en riesgo el abasto en las instituciones públicas.
También, la puso difícil de entender porque la explicación en la mañanera fue confusa (esperemos que el nuevo secretario de la función pública arroje luces sobre el tema) y no queda claro quién será el responsable de realizar el programa anual de auditorías ¿Acaso éstas quedarán a cargo del propio auditado y solo excepcionalmente, cuando se detecten desviaciones, intervendrá la función pública?
¿La supuesta honestidad de las mujeres y hombres que integran el gobierno de la autollamada 4T es suficiente para prevenir las desviaciones presupuestales? ¿Es conveniente que un subordinado de los responsables de la administración sea quien verifique la buena conducta del jefe? Francamente, no entiendo el modelo para el combate a la corrupción que plantea el presidente.
Nadie escatima la trayectoria de Roberto Salcedo y su amplio conocimiento de la administración pública, lo que ayuda a que la SFP encuentre el rumbo perdido durante la primera parte del sexenio, pero las instrucciones presidenciales expresadas en la mañanera van en contra de toda lógica organizacional, en la que la mejor práctica es otorgar autonomía al contralor, auditor o comisario para que éste pueda ejercer con fuerza su función de prevención de las desviaciones normativas y presupuestales.
Tampoco entiendo la división de la SFP en dos áreas: una responsable de las adquisiciones y otra fiscalizadora. ¿Qué dependencia llevará a cabo las atribuciones de evaluación del desempeño, mejora administrativa, normatividad de recursos humanos , análisis de estructuras organizacionales y un largo etcétera que abarca la visión integral de la función pública? ¿Cuál es el modelo de gestión gubernamental que propone el presidente?
No basta, lo he expresado muchas veces en este espacio, que haya personas honestas en los cargos públicos, sino que haya un entramado institucional robusto que persuada a los honestos de pasarse al lado oscuro del poder. “En el arca abierta, hasta el más justo peca” reza el refrán del pueblo sabio y bueno. La subordinación del contralor al administrador es abrir el arca y tentar a la debilidad humana.
La corrupción se combate con la existencia de órganos con autonomía que se vigilen mutuamente en ejercicio de competencias definidas y no confiando ciegamente en las personas por una trayectoria pasada de identidad política. Algunos colaboradores no tienen tan limpias las manos, pero ese es otro tema.
Ahora si la puso difícil, señor presidente, porque tendrá poco tiempo para regresar al estado de cosas en que encontró la función pública cuando inició su gobierno y desde ese punto emprender un cambio administrativo en el sentido que usted plantea. Hay que empezar por una contrarreforma a su reforma de la LOAPF y simultáneamente resolver los problemas de gestión que dejó la anterior titular de la Secretaria de la Función Pública . Una enorme tarea para el nuevo titular.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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