Hace unos meses recibí una instrucción del Presidente López Obrador para visitar los grandes desarrollos de vivienda en Huehuetoca, Estado de México. Su preocupación era la descomposición social existente, la lejanía de estos fraccionamientos y la carencia de servicios públicos, que se daba en el modelo de vivienda que los gobiernos neoliberales impulsaron durante décadas. El diagnóstico del Presidente era preciso y es la base de la política en la materia durante su Administración. Hoy trabajamos con la convicción de que la vivienda no es una mercancía, es un hecho social.
En el caso de Huehuetoca, 70% de los créditos que el Infonavit tiene activos, casi 70 mil se colocaron durante los sexenios de Fox y Calderón, cuando el desarrollo urbano no tenía control alguno. En aquella época se permitía la construcción de vivienda sin que hubiera servicios municipales, pues bastaba con la promesa de impulsarlos. Los municipios no tenían la capacidad financiera o técnica para recibir, en un lapso tan corto, a miles de habitantes. Sin embargo, era suficiente que el Infonavit diera el crédito y el Gobierno Federal subsidiara la vivienda nueva para que se construyera. La visión impulsada desde el Instituto estaba al servicio de constructoras y políticos, mientras la autonomía municipal que confiere nuestra Constitución, a través del artículo 115 era ignorada y, con ello, el bienestar de cientos de municipios del país.
El problema fundamental radicaba en la visión mercantilista y de especulación que imperaba en la industria de la vivienda. Primero, se pensaba que se harían “ciudades dormitorio”, para que la gente durmiera mientras trabajaba y consumía en la Ciudad de México u otras ciudades de la megalópolis. Esto no sucedió y provocó, en consecuencia, el abandono de miles de viviendas. Además, se privilegió el crecimiento económico y la creación de empleo temporal a costa del territorio, la naturaleza y el bienestar de las personas y sus familias. Se desarrolló vivienda sin ningún beneficio para los trabajadores.
Precisamente de esto se trata la Transformación que nos pidió impulsar el Presidente desde nuestro ámbito de competencia: el Estado debe ser rector en el territorio y ningún interés económico debe prevalecer por encima de esta premisa. Cabe recordar que el artículo 27 constitucional establece que la propiedad originaria del suelo es de la Nación. Por eso, actualmente, las políticas de suelo, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda están alineadas para evitar la expansión sin sentido de las ciudades, para que se respeten las áreas naturales y ecológicas, para que se privilegie la construcción en zonas sin riesgos y se impulse la creación de planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Es un cambio de raíz. Se pasó de gobiernos que funcionaban como agentes inmobiliarios a uno que procura el bienestar de la población y del medio ambiente. Pero el sistema solapado por décadas, y por todas las autoridades, no se puede desmontar de la noche a la mañana. Muchos gobiernos locales eran obligados a dar permisos en cualquier lado, a cambio del financiamiento de desarrolladores de vivienda y especuladores de la tierra para sus campañas políticas. Erradicar dichos vínculos es principio toral de la Transformación: separar al poder económico del político. Esto requiere de instituciones sólidas que sean políticamente responsables, pero también de servidores públicos conscientes de su responsabilidad con la gente.
En el caso del Infonavit, destacaría dos elementos. En primer lugar, aprobamos reglas de carácter general en materia urbana y de movilidad en agosto de 2021. Con estas se prohíbe que el Infonavit financie, a través del crédito a la persona, viviendas que no cuenten con parques, escuelas, centros de salud, vías de comunicación y opciones de transporte en un radio de 2.5 kilómetros Además, se incorpora la visión de la vivienda orientada al transporte, por lo que se busca que en un recorrido de máximo de 30 minutos se pueda acceder a cualquier satisfactor básico.
El segundo elemento en este sentido es la Norma Oficial Mexicana en materia de compra venta de vivienda que en próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación. En esta se establecen los elementos que deben contener todos los contratos de compraventa de vivienda y lotes con servicios, como los permisos y usos de suelo o la información en materia de protección civil. Además, establece parámetros en materia de publicidad para evitar engaños a las personas. Lo anterior obligará a todos los agentes económicos a fortalecer sus contratos y cumplir con el sistema de garantías de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En síntesis, la Transformación avanza para que la vivienda sea un eje de desarrollo y bienestar, no destrucción del territorio como sucedía en el pasado. Es un orgullo decir que vamos por el camino correcto y que por primera vez en años, el Infonavit responde sólo a los intereses de las y los trabajadores.
