Hace unos días se dio a conocer la inversión del sector privado en la construcción de vivienda. El dato no es menor: 685 mil millones de pesos, que representan 2.8 puntos del PIB nacional y 15% más que lo invertido durante 2019.
Sin duda, un paso en firme para el crecimiento del sector y por lo tanto de la economía del país. El anuncio se suma a los esfuerzos hechos en el Infonavit, con el objetivo de llegar a 3.3 millones de acciones de vivienda y 2.2 billones de pesos en derrama e inversiones hacia 2024.
La inversión del sector privado en vivienda puede resultar más rentable cuando sucede de forma paralela con inversión pública que detone la productividad en ciudades y comunidades. De esa manera se genera un efecto multiplicador.
En ausencia de la inversión pública productiva, la privada puede ser desaprovechada o incluso puede generar pérdida en bienestar social, porque impone mayores costos a las familias para llevar a cabo sus actividades.
Actualmente, la inversión se concentra en la construcción de vivienda nueva en el norte del país, donde podemos observar estados históricamente favorecidos por la canalización de recursos a infraestructura y urbanización, elementos que les generó valor en el pasado.
Por eso debemos preguntarnos si la inversión pública y privada, más rentable y necesaria, debe dirigirse a otras regiones, y qué factores deben ser considerados para potenciar la inversión a favor del bienestar social.
En primer lugar, se deben de establecer los principios bajo los cuales se ha construido el Programa Nacional de Vivienda. Entre ellos está eliminar cualquier forma de corrupción en todo el proceso constructivo y el otorgamiento de permisos, no destruir ni contaminar el territorio y buscar que cualquier programa complementario gubernamental atienda todas las necesidades y preferencias de habitacionales de los ciudadanos.
Esto incluye, además de la adquisición de vivienda, el mejoramiento, la ampliación y la certeza jurídica sobre la propiedad. En este sentido, se debe buscar la colaboración honesta y transparente entre el sector público y las empresas, con el fin de generar beneficios para la sociedad.
En segundo lugar, es importante priorizar las acciones para la población que menos tiene y más lo necesita, así como los territorios con mayor rezago habitacional.
Es necesario empezar por atender los estados del sur-sureste como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, porque el déficit supera 40% de las viviendas. No sólo eso, facilitar que la inversión llegue a estas entidades, a través de programas específicos que generen certidumbre y ordenen mejor el territorio, debido a que ahí se encuentra la mayor proporción de propiedad social y comunal. Encontrar medios novedosos para canalizar la inversión en estos territorios significa mayor bienestar social.
Adicionalmente, se deben buscar dar soluciones financieras para la población económicamente activa, la cual incluye afiliados y no afiliados a la seguridad social.
La realidad del mercado laboral mexicano impone que las políticas públicas deban ofrecer soluciones a todo tipo de forma de producción y empleo. La conexión entre el acceso a la vivienda y el empleo formal es clara: en la medida en que el trabajador cotiza en el sistema cuenta con opciones como el Infonavit o el Fovissste para comprar una vivienda. De lo contrario, la variabilidad y precariedad de los ingresos, pero, sobre todo, la falta de información que evita una correcta bancarización, lo excluyen del acceso al sistema financiero. Ante la estructura del mercado laboral y los ingresos de estas familias, la clave es entender cómo se manejan los riesgos en los préstamos para la vivienda a mediano o largo plazos.
En el Infonavit estamos trabajado en lo siguiente:
· Mejorar la perspectiva de pago de los créditos. En 2019 se hicieron 980 mil reestructuras, más que nunca, y destaca el programa Responsabilidad Compartida. Adicionalmente está vigente la discusión sobre la reducción de tasas de interés y las alternativas para mejorar la calidad de otorgamiento de crédito. Cada acción implica que las familias pueden planear mejor el pago de su patrimonio, lo que en el fondo es una política que ofrece coberturas y protección ante choques no esperados en la carrera laboral, salarial o de salud de las personas. Esto permite que los trabajadores tengan un ingreso disponible más estable para el consumo de otros bienes y servicios.
· Flexibilizar el uso de la subcuenta de vivienda. Para acelerar el mercado se requiere que los trabajadores tengan más opciones de uso de su ahorro para vivienda. Iniciamos este año con la posibilidad de que dos trabajadores, sin una relación jurídica, puedan unir sus créditos y mejorar el patrimonio al que pueden acceder. Hacia la segunda mitad del año, se pondrá en marcha la línea de financiamiento para la autoproducción de vivienda en terreno propio.
· Implementar el programa de recuperación de vivienda abandonada. Es necesario acompañar la regeneración del territorio urbano, en diciembre se inició junto con Sedatu el proyecto de recuperación de viviendas abandonadas. Se va a iniciar en la frontera norte y se buscará la participación de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada. Es viable recuperar 171 mil viviendas a lo largo del sexenio.
Estas acciones, más todas las que están llevando a cabo los integrantes del equipo de vivienda coordinado por la Sedatu, dan un menú interesante para la diversificación de la inversión privada.
Se debe ver que la señalización de inversión de las acciones públicas debe incentivar a los privados a hacer lo propio para generar mayor impacto. De esta manera, estoy seguro de que se detonará el crecimiento económico y la generación de empleos en el sector.
Director general del Infonavit
Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
