Con una diferencia de tan solo unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de condenar la existencia de trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, a defender la creación de otros tres fideicomisos hechos como trajes a la medida, faltaba más, para las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina (Semar).
El paso inicial en el proceso de extinción de los primeros ya lo dieron los diputados morenistas y sus afines, al aprobar un dictamen que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tras la siguiente votación, seguramente también a favor, de los senadores morenistas y sus afines, quedará todavía un último obstáculo para el presidente. Deberá ganar la partida en el caso de las demandas legales que promoverán, más tarde que nunca, los trabajadores y pensionados al ver afectados sus derechos laborales.
Entre esos fideicomisos, los dos más apetecibles para los siempre hambrientos elefantes blancos del Ejecutivo son el de pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, cuyo monto es un poco menor a los cinco mil millones de pesos, y el fondo para desarrollar la infraestructura que requieren las reformas en materia de justicia (como los juicios orales), cuya cantidad ronda los cuatro mil millones de pesos.
¿Son muy altas esas cifras? Depende de los fideicomisos del Ejecutivo que se elijan para hacer comparaciones. En lo relativo a las pensiones complementarias, tan solo la suma de los fondos de los tres grandes bancos de desarrollo de la Secretaría de Hacienda (Nafin, Banobras y Bancomext) debe ser más de doce veces mayor que el fondo del Poder Judicial; sí, doce veces.
En lo relativo al desarrollo de infraestructura, la Sedena tiene un fideicomiso para la adquisición de equipo militar y para obra pública que debe ser ocho veces mayor al del Poder Judicial; sí, ocho veces. No cabe duda de que el Ejecutivo se sabe de corazón el dicho “Hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre”.
Por otro lado, los nuevos fideicomisos para la Sedena y la Semar tienen también el objetivo de financiar el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, pero esta vez en el caso del Tren Maya y los aeropuertos a cargo de las dos secretarías. Se financiarán sobre todo mediante los derechos que tendrán que pagar los turistas extranjeros que se internen en México. A propósito, esos derechos eran antes utilizados para la operación de programas del Instituto Nacional de Migración. Lo que recuerda aquello de “Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar”.
Antes de ser presidente, López Obrador ya había aprovechado las ventajas de los fideicomisos. Cuando era Jefe de Gobierno construyó el segundo piso a través de uno público, cuya directora técnica era, por cierto, Claudia Sheinbaum. En el 2017 su partido Morena creó uno privado, “Por los demás”, para apoyar a los damnificados de los sismos ocurridos ese año.
La transparencia en el manejo de cada uno de ellos fue cuestionada en su momento. El primero porque los responsables trataron de ocultar (reservar) la información sobre su manejo financiero durante casi un año. El segundo porque, de acuerdo con el dictamen final del INE, parte de su patrimonio fue usado de manera paralela con propósitos electorales.
