Varias razones pueden explicar los recientes reclamos al presidente López Obrador por parte de más de una docena de gobernadores. La razón más obvia, pero no la de mayor relevancia, tiene que ver con las elecciones intermedias que se realizarán en menos de un año, el 6 de junio de 2021. Una explicación complementaria a la anterior es el deteriorado ambiente social y el creciente encono político que se tiene hoy en México, como consecuencia no solo de la pérdida de tantas vidas y empleos por la actual pandemia, sino también por los discursos polarizantes que se emiten un día sí y otro también.
Pero el verdadero trasfondo que explica los reclamos de los gobernadores es mucho más delicado: de acuerdo con ellos, el actual Pacto Federal es ya obsoleto. La mayoría de las veces hablan de manera particular del Pacto Fiscal vigente, sobre el que comentaremos más abajo y la siguiente semana, pero también se quejan de la inexistente delimitación de competencias entre los gobiernos estatales y el gobierno federal.
Un ejemplo de esto último es el apresurado acuerdo que emitió hace un mes la Secretaría de Energía para obstaculizar las inversiones privadas en el subsector de la energía limpia. Los gobernadores jamás fueron consultados al respecto, a pesar de las consecuencias ambientales que sufrirán los estados en donde se intensifique el uso del combustóleo o el carbón para generar energía eléctrica, o a pesar de las consecuencias económicas que sufrirán los estados que estimaban recibir miles de millones de pesos en nuevas inversiones.
No obstante, el reclamo principal de los gobernadores es que debe modificarse la actual Ley de Coordinación Fiscal, especialmente ahora que sus haciendas públicas pasan por tiempos de penurias. Que después de las elecciones intermedias se tendrá que convocar a una nueva convención hacendaria, le guste o no al Ejecutivo federal, se tendrá que convocar. Que será muy complicado alcanzar un consenso sobre el nuevo pacto fiscal, también será el caso. En México, como en cualquier otra república federal, los atributos que debería tener un pacto fiscal siempre serán motivo de controversia.
Para empezar con la lista de las complicaciones, aun cuando hay impuestos que por su naturaleza deben ser federales y hay otros que deben ser locales (estatales o municipales), en el resto de los gravámenes bien puede haber disputas acerca del nivel de gobierno que debe recaudarlos.
El impuesto federal por excelencia es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues grava cada valor que es añadido a la mercancía en su proceso de producción. El impuesto va trasladándose en cada etapa, por lo que puede ser causado en varios estados del país. Hasta llegar al consumidor final, quien paga todo el gravamen acumulado. Así pues, si el IVA no fuese federal habría una gran inequidad interestatal. A una lata de atún comprada en la Ciudad de México probablemente solo se le agregó en esa entidad el valor de los servicios del supermercado (y quizás de publicidad). Pero de mayor relevancia sería el valor agregado en el estado en cuyas costas se capturó el atún, el añadido en el estado donde se procesó y enlató, y el agregado en el estado de la empresa que lo transportó.
Al otro extremo de la gama de impuestos se encuentra el predial, el gravamen municipal por excelencia. Nadie dudaría de que éste pertenece a las arcas municipales, aunque algunos hemos argüido, durante décadas, que para su proceso de recaudación deberían ayudar los gobiernos estatales. La razón es que entre todos los municipios, 2464 al día de hoy, no más de un 5% tiene la capacidad administrativa para recaudar el predial de manera eficiente. Además, como en el caso del impuesto estatal sobre la adquisición de inmuebles, las tasas del predial sobre el valor catastral deberían ser competencia de los congresos estatales.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
