Sobre Andrés Manuel López Obrador pueden plantearse un buen número de interrogantes acerca de su capacidad para ocupar la presidencia. Para dar tan solo tres ejemplos: si tiene, o no, la visión estratégica suficiente para llevar a buen puerto al país; si tiene, o no, un conocimiento al menos básico en materia económica; y finalmente, si tiene, o no, un claro entendimiento de la interrelación que debe tener México con el resto del mundo. Pero nadie, sin embargo, negaría por otro lado su extraordinaria astucia política, su suprema capacidad de grillar a todo momento y en todo lugar.
Casi cualquier acto público del Presidente tiene una obvia intención política, muchas veces predecible. Pero de vez en cuando su verdadero objetivo no es tan aparente, pues es ocultado mediante el lanzamiento de buscapiés a manera de distractores. El caso más notorio, el que la historia registrará como su intento más atrevido de evadir la Constitución, fue seguramente su propuesta de extender el periodo del mandato del actual presidente de la Suprema Corte. La extensión era obviamente inconstitucional, como la propia Corte se encargó de establecerlo. Pero con ese intento él quería simplemente, primero, obligar al Poder Judicial a ponerse literalmente bajo sus órdenes y, segundo, medirle el agua a los camotes para un eventual intento de extender su mandato presidencial.
Un segundo buscapiés fue lanzado más recientemente. Consistió en un acuerdo presidencial que pretendía establecer como materia de interés público y de seguridad nacional la realización de las obras de infraestructura. Si hubiera prosperado tal acuerdo, López Obrador podría haber cubierto con un manto negro todos los procesos administrativos empleados en cada una de las obras federales durante el resto del sexenio. Pero la Corte ya señaló que esa clasificación es obviamente inconstitucional, pues, de acuerdo con el artículo 28, eso es solo competencia del Poder Legislativo. Difícil es creer que nadie en Palacio Nacional haya leído dicho artículo. El buscapiés fue lanzado, más bien, para tener una justificación a modo para los continuos retrasos que se están dando en los grandes proyectos de este gobierno. A pesar de las inauguraciones que él hará con bombo y platillo en 2022 y 2023, esos proyectos podrán rendir verdaderos frutos, si acaso, hasta fines del sexenio.
El último buscapiés, el que será más difícil de enfrentar, es el recorte hecho por la Cámara de Diputados al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el año que entra. Esta reducción fue obviamente ordenada por el propio López Obrador. Tal recorte es tan significativo que pone en riesgo no solamente a esa costosísima e inútil consulta sobre la revocación del mandato del actual presidente, sino también a elecciones de importancia, como las que se llevarán a cabo el siguiente año en seis estados de la República para elegir sus gobernadores.
Ese recorte absurdo, por no llamarlo estúpido, cumplirá tres propósitos. El primero será desprestigiar al INE cuando éste afirme, correctamente, que nadie está obligado a lo imposible. El segundo es que, sin deberla ni tenerla, el INE cargará con el muerto una vez que se dé el seguramente desangelado ejercicio electoral de marras. Y el tercero, por mucho el más peligroso para nuestra nación, se preparará el terreno para el próximo asalto presidencial contra el INE mismo.
Profesor del Tecnológico de Monterrey.
