En este gobierno abundan las ocurrencias, la mayoría disparatadas y algunas además nocivas. Pero para los impulsores de esas grandes ideas eso es irrelevante. Para ellos sus puntadas siempre han tenido un fin único: proteger la base electoral de Morena y atraer a otros grupos de interés que puedan proporcionar a su partido más votos. El bien de la nación no importa para ellos. Si se da qué bueno y si no también. Bajo el populismo, las razones de Estado son insignificantes ante las electorales.
Para apuntalar el cambio de la estafeta morenista en el gobierno de Baja California, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador acaba de publicar un decreto que pretende solucionar el viejo problema de la importación de los vehículos usados. Dicho en mexicano, el decreto pretende regularizar los autos chuecos (conocidos eufemísticamente como “autos chocolate”), cuyo número se estima que esté entre un millón y medio y dos millones de vehículos. El problema es complicado de resolver, pues involucra desde un buen número de coches traídos, sin mala fe, por coterráneos que trabajan fuera, hasta otro buen número de autos que son muestras vívidas del poder del contrabando, la corrupción gubernamental y el crimen organizado en este país.
Tan delicado es el asunto que en los decretos de sexenios pasados siempre se trató con pinzas la posibilidad de la importación definitiva, la legalidad de los autos chuecos. De hecho, todos los acuerdos anteriores circunscribían su aplicación a la zona fronteriza con Estados Unidos. Pero ahora, faltaba más, el nuevo decreto presidencial es ya definitivo y amplía su aplicación a todos los municipios de los seis estados fronterizos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los votos son invaluables para Morena, y eso es lo que es. Además, por si a alguien le quedara la menor duda, el decreto incluye también a Baja California Sur. Este estado no es fronterizo, al menos que se sepa, pero ya tiene un gobierno morenista y votos son votos.
Los lineamientos que aplicará el gobierno para dicha regularización no son muy claros. Se sabe que se establecerá un pago de $2,500 para regularizar cada vehículo y que también se pedirá a los municipios de esos estados que usen ese dinero para tapar los baches de las calles. Gran idea, pero, ¿por qué nada más esos seis estados podrían regularizar los vehículos? Michoacán y Zacatecas son, por ejemplo, dos de las entidades con más “autos chocolate”. O para continuar con otra duda, ¿cómo puede el gobierno etiquetar los recursos de ciertos municipios en ciertos estados, siendo México, hasta donde se sabe, una república federal?
Y las dudas continúan: ¿Para qué modelos se aplicará el decreto? ¿Llegará éste pronto a su fin para evitar el contrabando posterior? ¿Qué documentos legales se exigirán para la regularización de cada vehículo (nuestros vecinos no llevan ni siquiera un registro de los números de motor)? ¿Cómo se hará la verificación ambiental de esos coches? ¿Cómo se asegurará que un vehículo proveniente de Estados Unidos no haya sido declarado allá irrecuperable, para luego de ser reparado traído acá? Finalmente, ¿cómo indemnizará el gobierno al resto de los mexicanos que tenemos coches usados, pero legales, por la caída en los precios de reventa que se dará por esa gran idea?
Profesor del Tecnológico de Monterrey
