En este espacio comentamos la semana pasada acerca de los diferentes programas de apoyo a los adultos mayores propuestos, desde principios del siglo, por diversos gobiernos en México. Pero bueno, ya lo pasado, pasado, y de todo lo que ocurrió lo único a recordar ahora es, como diría el Quijote, el aviso de lo presente y la advertencia de lo por venir.
Y vaya que se ve complicado lo que parecería que traerá el año 2024. Tras la desastrosa herencia que dejará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública, de economía, de salud y de educación, al presidente no le va a quedar otra más que hacer uso, a todo lo que dan, de sus programas clientelares para apoyar a su corcholata preferida (¿corcholata o quitapón?).
La percepción generalizada entre los cuatroteístas es que, sea quien sea su postulante, la elección presidencial será un mero ejercicio de hilar y cantar. Pero el presidente, quien de eso sí sabe y mucho, ya se nota preocupado. Todo el poder de coacción electoral que usó en el Estado de México apenas resultó en una modesta victoria.
Para apoyar a su quitapón, el programa clientelar por excelencia del que dispone López Obrador es el que se conoce como la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”. Este programa podría ser catalogado por unos como un ejemplo de una política que impulsa el bienestar social y por otros como un mecanismo electorero.
La mayoría de los mexicanos estarían de acuerdo en que siempre ha sido necesario un programa de ayuda a los adultos mayores que no tienen una pensión garantizada. Alrededor de la mitad de los mexicanos con 65 años o más no reciben una pensión de organismos tales como el IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE u otras instituciones tanto federales como estatales.
Pero también es probable que la mayoría de los mexicanos que son jóvenes, o son adultos que aún no están cerca de la edad de retiro, convendrían en que es un despropósito el que ese programa sea universal. Es un absurdo que el mismo derecho de percibir esa transferencia lo tenga un anciano que vive en situación de pobreza en alguna sierra de México como lo tiene un anciano rico que en una de esas hasta empleará el dinero para comprarse un güisqui.
No solamente es absurdo, sino también inmoral. Pero en los tiempos que corren eso no parece importar mucho. La prueba es que ya hasta se modificó el artículo cuarto constitucional para establecer que todos los adultos mayores “tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.
Ese aspecto clientelar del programa es muy evidente. Pero hay otras dos características que son más preocupantes y deberían hacer prender los focos rojos de los partidos de oposición. La primera es el hecho de que el padrón de los adultos mayores que viven en el país, con nombres, edades y copias del INE, está en manos de la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar. La segunda es que el monto de esas pensiones puede ser manipulado con mucha discreción por el presidente. Concluiremos con estos asuntos la semana que entra.
