Poco puede presumir el actual gobierno federal respecto al éxito de sus políticas públicas, o, como se decía antes de manera menos rebuscada, de sus programas gubernamentales. Particularmente poco en el caso de los diecisiete programas sociales creados a fines de 2018 por el entonces nuevo gobierno. En efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social acaba de examinar con lupa tanto su diseño como su implementación y el resultado del examen fue mayormente negativo.
Paradójicamente, la única reforma social realmente importante de los últimos años no tiene nada que ver con el gobierno de la llamada Cuatroté. Antes bien, fue un grupo de empresarios mexicanos quienes diseñaron e impulsaron, de principio a fin, la reforma al sistema de pensiones que acaba de ser anunciada con bombo y platillo por el propio gobierno, en cierta medida saludando con sombrero ajeno. Esa importante reforma fue concebida desde principios de 2019 por, honor a quien honor merece, varios miembros del Consejo Coordinador Empresarial, el cual es liderado por Carlos Salazar, un empresario no solamente capaz sino también íntegro.
La reforma es interesante en varios sentidos, pero el aspecto más notable es que son los patrones quienes pagarán casi todos los costos y que, por otro lado, serán los trabajadores quienes recibirán todos los beneficios. En efecto, la reforma contempla que la aportación patronal para la pensión de los trabajadores aumentará, de manera paulatina, de 5.15% del salario del trabajador hasta el 13.87%. No cambiará la aportación del propio trabajador, que es del 1.125%, ni tampoco la cuota gubernamental de 0.225%, aunque esta última se concentrará ya solo en las pensiones de los trabajadores de menores ingresos.
Cuando la reforma termine de implementarse, la “tasa de reemplazo” crecerá de manera significativa. Esa tasa de reemplazo es la variable clave cuando las pensiones siguen un esquema de cuentas individuales (el sistema de las Afores, como se dice en México coloquialmente). La tasa se obtiene dividiendo la pensión a recibir en el momento de la jubilación entre los ingresos que el trabajador tenía cuando estaba en activo. Dado que en la reforma de 1997 se establecieron las aportaciones tripartitas de manera errónea, las tasas de reemplazo actuales son muy bajas. Para dar un ejemplo, una persona que gana mensualmente alrededor de ocho mil pesos al mes tiene una tasa de reemplazo de apenas el 30%.
Una segunda mejora al sistema será que el número de semanas de cotización requerido para poder tener una pensión garantizada disminuirá gradualmente hasta 750 semanas. Hoy se requieren 1,250 semanas. A quien se trate de jubilar y no cumpla con ese número, su afore le da lo que tenga en su cuenta y ya. Por cierto, vale la pena subrayar que la insensata e injusta política gubernamental seguida durante la pandemia ha ocasionado que muchos trabajadores pierdan, sí pierdan, semanas de cotización. Cuando, ejerciendo su derecho y por mera necesidad, una persona desempleada retira de su afore una cierta cantidad de dinero, sus semanas de cotización son reducidas de manera acorde.
No hay que olvidar que tal incremento en las aportaciones patronales representará una carga laboral extra para las empresas. Su efecto será similar al que tendrían las empresas si el gobierno del estado donde radican incrementase el impuesto sobre nóminas de un día para otro. Es por ello notable que hayan sido los empresarios solidarios y no los políticos quienes hayan decidido crear y apoyar esa reforma.
¿Habrá una reforma similar en el caso de los sistemas de pensiones del sector público? El presidente López Obrador acaba de prometerla, pero es poco probable que se haga pronto. Son tantos los diferentes sistemas, federales (por ejemplo el ISSSTE) como estatales, y tanto el costo político (al tener que uniformizar la edad de retiro) que este gobierno le dará la vuelta al problema.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
