El 21 de marzo pasado, justo el día del natalicio de Benito Juárez, el presidente López Obrador anunció, inesperadamente y con evidentes propósitos partidistas, un cambio en el programa federal de la pensión para los adultos mayores. Tras ponderar seguramente con preocupación las elecciones del próximo 6 de junio, López Obrador hizo saber a todos los mexicanos que a partir de julio, en apenas tres meses, la pensión para los adultos mayores será garantizada a quienes tengan 65 años o más.
Ese programa se circunscribía, hasta hoy, a la reforma hecha en 2020 del artículo cuarto constitucional: “Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”. Pero a partir de julio el número 68 se transformará, por designio presidencial, en 65.
Pero no acaba ahí la buena nueva que López Obrador anunció ese día en la población de Guelatao. Falta lo mejor: la actual pensión bimestral de 2,700 pesos se incrementará hasta llegar a 6,000 pesos en enero de 2024 para todos los que tengan 65 años cumplidos. Tal modificación hará que, según las cifras del propio presidente, el monto anual del programa crezca de los actuales 135 mil millones de pesos hasta los 370 mil millones de pesos en 2024.
Aun cuando ese aumento tan significativo parecería estratosférico a los ojos de casi cualquier mexicano, no lo es, seguramente, a los ojos de los cuatroteístas. Ellos no se preocupan por las nimiedades aritméticas. Ellos piensan que ese incremento no requerirá de mayores impuestos, más deuda o menos gasto público en otros rubros, sino que será simplemente financiado con los supuestos ahorros provenientes de la austeridad y el cacareado combate a la corrupción. El cuento de siempre.
Ojalá todo fuera así, tan simple. Pero la realidad fiscal siempre acaba por imponerse, por más que se cierren los ojos para negarla. Desde hace algunos años el costo total de las pensiones en México ha estado creciendo de manera preocupante y el nuevo cambio acelerará la marcha hacia un eventual colapso fiscal. La única manera de evitarlo es implantar una reforma tributaria de raíz, aparejada con una reforma pensionaria.
Para este año, 2021, el costo fiscal de las pensiones contributivas, aquellas que están parcialmente respaldadas por contribuciones hechas por sus beneficiarios (en el IMSS, ISSSTE, etc.), ronda ya el 4.3% del producto interno bruto (PIB). Por otro lado, antes del cambio de ley mencionado, el costo de las pensiones no contributivas, como la de los adultos mayores, se acercaba al 0.8% del PIB.
Con la nueva ocurrencia, ¿cuánto más se incrementará el costo de las pensiones para el año 2024? De acuerdo con el prestigioso Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), las pensiones contributivas crecerán, de manera predecible, hasta 4.6% del PIB. Pero el mayor salto lo tendrán las no contributivas: costarán un 1.9% del PIB. Si a la suma de esas dos cifras, 6.5%, se le agregan otros costos, como el de garantizar la pensión mínima en el sistema de cuentas individualizadas, el total será del orden del 7% del PIB. Así pues, ¡la mitad de todos los ingresos tributarios del gobierno se gastarán en pensiones! Ver para creer.
Profesor del Tecnológico de Monterrey.
