Tras la caída entre el nueve y diez por ciento del producto interno bruto que se acabará dando en 2020, no quedará a la economía mexicana más que crecer en 2021, por más mal que se sigan dando las cosas. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) será el siguiente año probablemente del orden del cuatro por ciento, un porcentaje que para la gran mayoría de los trabajadores y los empresarios de México representará un respiro.
Pero esa esperanza que albergamos la gran mayoría de los mexicanos, no es compartida por los encargados de las haciendas públicas en los tres niveles de gobierno, tanto en el federal, como en los estatales y municipales. Ellos saben que la recién aprobada Ley de Ingresos de la Federación sobrestima el monto de la recaudación para 2021. Esto implica que el gasto federalizado tendrá un recorte todavía mayor a la reducción del nueve por ciento que ya se encuentra plasmada en el Presupuesto de Egresos. En consecuencia, muchos gobiernos del país tendrán que hacer un buen número de ajustes al gasto para poder cerrar bien sus cuentas a fines del próximo año.
El actual pacto fiscal entre la federación, las 32 entidades federativas (los estados y la Ciudad de México) y los 2,467 municipios simplemente ya no da para más. No queda dinero para repartir. La cobija federalista es tan pequeña que ya ni siquiera alcanza para cubrir a todos, y se seguirá encogiendo durante el resto del sexenio si no hay pronto reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. Por ello, por el bien superior de la República, sería muy deseable que todas las partes involucradas se sienten pronto a la mesa para rediseñar el pacto fiscal.
El inicio de esa nueva convención nacional hacendaria deberá darse, de preferencia, en el segundo semestre del año que entra, pasadas las elecciones del 6 de junio. Además, para que los acuerdos sean benéficos para la nación, deberán estar siempre presentes en las discusiones los dos problemas medulares: los pocos ingresos tributarios que hay en México y la incontenible espiral del gasto público, especialmente en el caso de las pensiones. Si no se toman esos dos aspectos en cuenta, la convención acabará siendo una lamentable comedia de dimes y diretes.
Se tendrá que empezar por evaluar cada uno de los impuestos de importancia. En el caso de los federales, éstos son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y los impuestos específicos. Los gravámenes estatales de importancia solo son el impuesto sobre nóminas y, cuando existe, el impuesto sobre la tenencia vehicular, por lo que deberán ampliarse las facultades impositivas de las entidades federativas. Y en el ámbito municipal deberá resolverse, o al menos tratar de resolverse, el perenne problema de la escasa recaudación por concepto del predial.
La única manera como podrá ser exitosa esa convención nacional hacendaria es con una gran voluntad política por parte de los actores involucrados y con una informada participación por parte de la sociedad. Deberá existir sobre todo una genuina visión de Estado, una genuina preocupación por el bienestar futuro de los mexicanos que sea compartida tanto por el presidente como por cada uno de los gobernadores y los representantes de las asociaciones municipales.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
