Para vergüenzas no tiene uno. Hace unos días la organización global World Justice Project publicó la versión en español de su Índice de Estado de Derecho 2019, y de veras que para vergüenzas no tiene uno: México obtuvo el lugar 99 de entre los 126 países considerados. Por un pelito nos salvamos del lugar 100, el cual le tocó finalmente a Togo. Los únicos otros países latinoamericanos con un peor lugar fueron Nicaragua (114), Honduras (115), Bolivia (119) y Venezuela (126). Este último país quedó en la cola al ser el único con un índice menor a 3/10. Por otro lado, quizás sobra añadir que los cinco primeros lugares se los llevaron Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos.
Los ocho factores empleados en el cálculo del índice fueron (en paréntesis está el lugar de México): límites al poder gubernamental (84); ausencia de corrupción (117); gobierno abierto (35); derechos fundamentales (73); orden y seguridad (117); cumplimiento regulatorio (87); justicia civil (113); y justicia penal (115). Como era de esperarse, México casi toca fondo en los casos de la ausencia de corrupción y en el del orden y seguridad, al obtener en ambos el lugar 117 de 126. Y también está México muy abajo en los consabidos temas de justicia civil y de justicia penal.
Más interesantes son las malas calificaciones obtenidas en tres de los cuatro factores restantes: límites al poder gubernamental; derechos fundamentales; y cumplimiento regulatorio. El primero de ellos, el más importante para el World Justice Project, se ocupa de la imposición de límites al poder gubernamental por parte del poder legislativo y judicial, así como de la existencia de contrapesos de la sociedad civil. A lo largo de los sexenios México ha reprobado siempre esa materia, y no hay ninguna razón para pensar que en este sexenio no fallará también.
Algo similar sucederá probablemente en el caso de los derechos fundamentales. La calificación reprobatoria continuará por la continua falta de protección a los derechos básicos de los mexicanos, como el garantizar la seguridad de las personas y el debido proceso legal. Y el otro tercer factor, sobre el cumplimiento regulatorio, también está muy cuesta arriba pasarlo, pues requiere que el gobierno aplique de manera correcta las regulaciones y que conduzca de manera expedita los procedimientos administrativos.
Los comparativos anteriores son entre naciones, pero el World Justice Project está comenzando a calcular, para países específicos, el Índice de Estado de Derecho (IED) en el caso de los gobiernos locales. No sé si por mera coincidencia, pero el primer reporte a nivel estatal fue hecho justo para México en 2018. ¿Cómo quedan clasificadas en ese reporte las entidades federativas? En el primer cuartil, el de los ocho estados con el IED más alto, se encuentran por orden descendente Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Querétaro, Coahuila, Baja California e Hidalgo. Por otro lado, en el último cuartil, las ocho entidades con el índice más bajo se encontraron Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo, Puebla, Sonora, Estado de México, Baja California Sur y, en el último lugar, Guerrero.
Creo que no hay sorpresas entre las entidades del primer cuartil, pero sí hay más de una en el último grupo. Sorprende la inclusión de Sonora y no de Tamaulipas, por ejemplo. Pero al parecer el desempeño del gobierno sonorense es relativamente bajo en el factor del orden y seguridad y en el del cumplimiento regulatorio. Otro ejemplo es Baja California Sur, cuyos fallos principales giran en torno a los límites al poder gubernamental y la justicia civil.
El reporte también contiene encuestas estatales acerca de las tres palabras que le vienen más a la mente a los ciudadanos cuando piensan en el Estado de Derecho. En la mayoría eligieron las palabras “derechos, respeto y justicia”, en ese orden. Pero hubo algunas sorpresas, en Aguascalientes eligieron, por ejemplo, “justicia, igualdad y libertad”.
Profesor titular del Tecnológico
de Monterrey
