El pasado fin de semana la Ciudad de México y el Estado de México entraron, por segunda ocasión, a semáforo rojo por la Covid-19. Esto debido a la insuficiencia de camas hospitalarias, a pesar de que las autoridades juraban y perjuraban hasta hace unos cuantos días lo contrario. Pero también debido a la irresponsabilidad mayúscula de no pocos habitantes del Valle de México que, sin tener que salir de su casa por razones laborales o de subsistencia, comenzaron a darle vuelo a la hilacha en este mes de diciembre.
La imposición de ese nuevo confinamiento tendrá grandes costos para las empresas y los trabajadores de los sectores productivos que no son consideradas como esenciales. Pero en México, al contrario de otros países, los costos crecerán aún más debido a la irresponsabilidad, también mayúscula, del gobierno federal que ha congelado el gasto público y dejado así en la indefensión a la sociedad ante la pandemia.
Por otro lado, una buena noticia es que el nuevo confinamiento brindará un poco de respiro a todo el personal de salud, quienes se encuentran luchando desde hace meses en la línea de batalla para protegernos a los demás. Hora tras hora, ellos enfrentan la pandemia de manera algunas veces hasta heroica, debido a la inexistencia inclusive de equipo de protección en algunos centros de salud.
Pero el mayor beneficio que tendrá la segunda cuarentena es otro. Dada la nueva ola de infecciones y muertes que hay en nuestro país, el confinamiento contribuirá a la reducción significativa de una variable clave: la probabilidad de que una persona que está hoy sana no termine eventualmente muriéndose por una infección de la Covid-19. Esto parece a primera vista casi irrelevante, pero, una vez que se aquilata, es por mucho el beneficio de mayor peso.
Una vida humana es invaluable no solo desde la perspectiva de quien tiene esa vida, sino desde al menos otras tres perspectivas: la moral, la religiosa y la legal (ninguna constitución del mundo permitiría hoy en día la esclavitud precisamente por ello). Pero en el agregado, hablando de la población en su conjunto, parece más que justificable el que una sociedad trate de calcular, en promedio, el costo económico de un fallecimiento.
¿Cuál es el valor, en ese sentido, de una vida? Muchos enfoques se han empleado a lo largo de los años para tratar de resolver esa pregunta y las cifras estimadas varían de país en país. El Departamento de Transporte en Estados Unidos estima, por ejemplo, que el costo de un fallecimiento por un accidente vial en ese país es, en promedio, del orden de diez millones de dólares.
Aunque en México no existen tales estimados de manera oficial, sí hay algunos estudios valiosos. Para el caso de los fallecidos por la Covid-19 en México, Laurianne Despeghel acaba de publicar un análisis interesante. Usando los datos disponibles hasta el 10 de octubre pasado de las defunciones por la pandemia, Despeghel estima que se habrían perdido hasta ese momento alrededor de 4.5 millones de años de vida, 2.9 millones para hombres y 1.6 para mujeres. En promedio, nota la autora, eso representa una pérdida de 21 años de vida por difunto. De esa magnitud era ya, hace diez semanas, la tragedia.
Profesor del Tecnológico de Monterrey.
