En marzo de 2019, unos meses después de ascender al poder tras el abrumador apoyo político que le dieron 30 millones de electores en julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso una iniciativa de modificación a la Constitución para permitir, llegado el caso, la revocación del mandato presidencial en México. En diciembre de ese mismo año, el artículo 35 de nuestra Carta Magna fue ampliado para incluir una fracción, la novena, para tal fin.
Esa posibilidad jurídica es infrecuente en el ámbito internacional. En América Latina es un poco más común que en otras regiones, como lo muestran los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela a nivel nacional (a nivel local hay más países). En apariencia, la figura de revocación de mandato es eminentemente democrática: brindar a la ciudadanía un instrumento de defensa de los ciudadanos frente a gobernantes ineptos. No obstante, ese proceso de consulta puede servir también para dar oxígeno a un presidente y para avivar a las huestes partidistas en su defensa. Eso sucedió en el caso de Hugo Chávez tras el referéndum revocatorio que tuvo lugar en Venezuela en el año de 2004.
Pero lo anterior no parecería ser necesario para un presidente como López Obrador, quien mal que bien sigue concitando el apoyo de más de la mitad de los electores. Y si a esto añadimos el hecho de que para que los resultados tengan un efecto legal se requeriría que acudieran a la consulta el 40% de los 93 millones de electores que están en la lista nominal, lo que probablemente no ocurrirá, surgen entonces dos preguntas obvias: ¿por qué hacen tanto escándalo en los círculos políticos sobre la consulta del 10 de abril? ¿Por qué tantos gobiernos estatales morenistas se atreven inclusive a violar la Constitución para hacer promoción a favor del presidente?
La primera razón es obvia. El presidente actual, como fue el caso con no pocos de los anteriores dignatarios que hemos tenido, jura y perjura que reina con gran tino y gracia desde el Olimpo. Y en México pueden faltar millones de desayunos escolares diarios, pero siempre habrá una legión de políticos arrastrados que estén dispuestos a ponerse como alfombritas cuando lo ordene el señor presidente, especialmente cuando de su ego se trate.
La segunda razón es que dos meses después de la consulta habrá elecciones gubernamentales en seis estados. Así que el acarreo de votantes que se dará este fin de semana puede servir como un ejercicio de calentamiento para los operadores electorales del partido en el poder. Pueden los morenistas practicar, por ejemplo, sobre cómo atemorizar a los adultos mayores para que no voten en contra del gobierno, tras recordarles lo de su pensión.
El último motivo es que la consulta probablemente acabará siendo un tanto bochornosa si siguen las cosas como van. No necesariamente por el número de votantes que acaben acudiendo a la consulta, sino más bien por el porcentaje de ellos que votarán en contra de la revocación del mandato. Ese porcentaje será seguramente muy alto, simplemente porque la mayoría de los votantes serán seguidores o acarreados de Morena. Pero ese porcentaje será también un indicador fehaciente de la indiferencia con la que ha sido recibida la consulta por el resto de los mexicanos.
Profesor del Tecnológico de Monterrey