Tanto en México como en Estados Unidos o en la Conchinchina, las industrias farmacéuticas tienen un gran poder de mercado. Esto debido a la existencia de patentes y otras barreras de entrada para sus nuevos competidores. Pero a este hecho debe añadirse el que en algunas empresas del ramo existe una cultura empresarial muy agresiva cuando de ventas o acopio de medicinas se trata. Aquí, en Estados Unidos o en la Conchinchina, puede haber inclusive empresas farmacéuticas cuyo comportamiento acabe rayando en lo inmoral, al poner en riesgo vidas humanas a sabiendas.
Lo anterior viene a cuento porque quiero hoy dejar constancia de un suceso ejemplar del que fui testigo en abril de 2019, cuando era todavía secretario de Hacienda y Crédito Público. Varios de los participantes en el episodio son muy discretos, por lo que espero no se molesten por mencionarlos aquí. Empiezo con los que, para muchos, son los dos mejores infectólogos mexicanos: Gustavo Reyes, en ese entonces miembro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y Juan G. Sierra, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Los acompañaban Genaro Lozano, el conocido académico y analista, Andrea González, directora médica de la Clínica Especializada Condesa, y tres directores de organismos de la sociedad civil, cuyos nombres desgraciadamente ya no recuerdo.
A petición de Genaro Lozano (y, en la lejanía, de mi hija María José), tuve la suerte de recibir al grupo en la oficina, junto con Raquel Buenrostro, a cargo entonces de la Oficialía Mayor, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El asunto, nos enteramos de inmediato, era de extrema urgencia. En los hospitales públicos había ya pocos medicamentos para seguir tratando a los más de cien mil pacientes infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El tratamiento antirretroviral debe ser permanente para poder reducir la carga viral en el organismo de los pacientes y así mantener saludable su sistema inmunitario. De otra manera el VIH puede derivar en SIDA.
La compra de las medicinas se había complicado porque muchos de los médicos expertos en la enfermedad insistían en que debían comprarse más de treinta diferentes inhibidores del VIH, para poder hacer cientos de combinaciones (“cocteles”) con ellos. Pero, explicó la Oficial Mayor, al ser unas cuantas las farmacéuticas que producían los inhibidores y al ser tan grande el número de éstos, las licitaciones habían sido infructuosas, pues las empresas exigían un pago significativamente mayor al que se tenía presupuestado. Bueno, intervenieron entonces los doctores Reyes y Sierra, nosotros podemos ayudarlos a resolver ese problema.
Resulta, nos explicaron, que, al contrario de lo que se piensa, no se requieren tantos cocteles para enfrentar los diversos cuadros de la enfermedad. Continuaron diciéndonos que ellos podían probar, así como también otros investigadores de Brasil y de la Organización Mundial de la Salud, que el número de inhibidores requeridos era de un solo dígito y que casi todos ellos, excepto por dos, podían ser genéricos. Recuerdo cómo, al escuchar esto, la cara de Raquel Buenrostro se iluminó de inmediato: allí estaba la clave para minar el poder de mercado de las empresas.
Y así, debido a la gran ayuda de Reyes y Sierra y a la extraordinaria eficiencia de la Oficial Mayor y sus colaboradores, en menos de una semana se pudieron comprar todos los medicamentos requeridos para el tratamiento de más de cien mil mexicanos. Más aún, al tener procesos de compra competitivos y abiertos, el costo final de los medicamentos fue 1,740 millones de pesos menor que lo presupuestado.
Pero la historia no termina ahí. Habiendo comprobado la importancia de tener el consejo de médicos expertos y neutrales, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Salud replicaron el proceso al adquirir los medicamentos para tratar a pacientes con Hepatitis C, así como a pacientes hemofílicos. Me quito el sombrero ante todas las personas que nombré.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
