Hace unos días y en plena mañanera, el influyente periodista Jorge Ramos, un mexicano radicado en Estados Unidos, increpó al presidente López Obrador: “Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México”. La respuesta de este último no se hizo esperar, “no estoy de acuerdo”, y a continuación presentó, durante más de veinte minutos, láminas y láminas que en el fondo no se contraponían en absoluto a la aseveración de Ramos. Quizás por ello al presidente no le quedó otra más que aceptar, para concluir el debate, la petición del periodista de convocar a una convención nacional contra la violencia.
No habrá tal, por supuesto. Pero, más allá del consabido mantra de abrazos y no balazos, el presidente nos debe a los mexicanos una explicación acerca de, al menos, el enredado asunto de la Guardia Nacional. En diciembre de 2017, siendo entonces candidato a la presidencia, López Obrador declaró lo siguiente: “Vamos a integrar a las corporaciones policiacas, a la Marina y al Ejército; va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera, por un lado está la Marina, por otro lado está el Ejército, por otro lado están las policías; no va a ser así”.
Más claro ni el agua: en ese entonces López Obrador proponía fusionar las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas en un solo cuerpo, al parecer de naturaleza civil, que velaría por la seguridad pública en México. Algo similar a lo que hizo en su nación el presidente costarricense José Figueres tras triunfar en la guerra civil de 1948.
Pero el engrudo comenzó a hacerse bolas rápidamente, poco después de que se creara la Guardia Nacional en 2019. Aunque adscrita de manera legal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su integración y operación ha estado siempre a cargo de las fuerzas armadas. E inclusive el grueso de la nómina siempre ha recaído en las propias secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
En efecto, de acuerdo con una investigación de la publicación digital Animal Político, cuatro de cada cinco de los efectivos que están en la Guardia Nacional son, en realidad, soldados o marinos cuyos sueldos están a cargo de sus respectivas secretarías. Así, de los más de 100 mil elementos con los que contaba a principios del año la fuerza policial, tan solo un poco más de 23 mil eran civiles (pertenecientes a la desaparecida Policía Federal).
En caso de que, contraviniendo a la propia Constitución, el organismo creado en 2019 fuese atraído por las fuerzas armadas, se ocasionaría un grave problema laboral. Esto porque los sueldos y las prestaciones que reciben los civiles que trabajan en la Guardia Nacional son seguramente menores a los que reciben sus contrapartes del Ejército y la Marina que fueron asignados a ese nuevo organismo. ¿Qué pasaría entonces? De manera lamentable, lo que probablemente ocurriría es que los civiles serían despedidos y que, al haber más dinero disponible, se incrementaría el número de efectivos militares.
Así pues, de manera paradójica, lo que fue concebido en principio como un proyecto de naturaleza eminentemente civil acabaría siendo uno militar de pies a cabeza. El país volvería a perder otra oportunidad, como es ya costumbre.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
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