El discurso que dio recientemente el presidente López Obrador en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática fue un tanto incomprensible. El decálogo de las acciones de su gobierno para enfrentar el cambio climático ha de haber causado perplejidad, por decir lo menos, en no pocos de los mandatarios que lo escucharon, incluido el presidente estadounidense Joe Biden.
Para empezar, dos de sus diez puntos no tienen que ver en absoluto sobre cómo mitigar el cambio climático, sino más bien al contrario. En efecto, López Obrador hace una mención expresa sobre el propósito gubernamental de alcanzar la autosuficiencia en la producción de gasolina, diésel y turbosina , justo los combustibles fósiles que, en el caso del transporte, ocasionan el mayor cambio climático. Por qué se le ocurrió hablar sobre esto en una conferencia sobre asuntos ambientales, solo él lo sabe.
Contrastando con lo anterior, en otro punto de su decálogo afirmó que para el año 2030 el 50 por ciento de los vehículos hechos en México no producirán emisiones contaminantes. Esta meta es la misma que la fijada por Biden el año pasado y es un tanto menos ambiciosa que la de la Unión Europea y la de Japón. Por ello, este objetivo parecería no tan lejano. No obstante, a pesar de que México es ya el quinto país productor de vehículos en el mundo, nuestra ventaja comparativa sigue siendo la mano de obra. Los trabajadores mexicanos del sector son altamente productivos comparados con los del resto del mundo, pero ganan menos. Esto hace que las empresas automotrices prefieran hacer los autos más chicos y baratos aquí y no en otros lados. Queda por saberse cuántos de esos coches serán transformados en los próximos años a eléctricos.
Otro punto en la lista es que el gobierno está dispuesto a que continúe la inversión privada en la generación de electricidad con fuentes renovables. Esto es poco creíble. Al contrario, todo parece indicar que tanto el gobierno federal como las empresas involucradas acabarán viéndose las caras en tribunales internacionales. Este proceso legal no solo será difícil y muy costoso, sino que pondrá a prueba al propio T-MEC .
La décima promesa en el decálogo, la más importante de todas, es imposible de cumplirse. En septiembre de 2016, México ratificó el Acuerdo de París y se comprometió a reducir las emisiones industriales generando el 35% de energía limpia en el 2024 y el 43% a más tardar en el 2030. Bueno, pues el presidente acabó afirmando que al menos en el caso de su sexenio ese 35% se logrará. Pero esto es incomprensible, no hay manera de que eso ocurra.
El primer obstáculo es la abierta oposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía a la inversión privada en la generación de energía eólica y energía solar (de la geotérmica ni hablar, porque las autoridades ni saben de su existencia). A lo que hay que agregar su sospechosa predilección por los dos insumos más contaminantes, el combustóleo y el carbón. El segundo obstáculo es que en este sexenio no hay tiempo, ni mucho menos dinero, para que puedan modernizarse las ineficientes hidroeléctricas con las que contamos hoy. Éstas, junto con la energía nuclear, serían las únicas alternativas posibles.
