Entre las tecnologías para generar energía limpia se encuentran las que hacen uso del viento (eólicas), de la radiación solar (fotoválticas), de la energía oceánica (mareomotrices) o del calor de los yacimientos con alta temperatura (geotérmicas). A ellas hay que añadir las dos tecnologías limpias tradicionales: las presas hidroeléctricas, existentes a lo largo y ancho del país, y las dos plantas de energía nuclear localizadas en Laguna Verde, Veracruz. Estas dos últimas tecnologías son, por cierto, responsabilidad única de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el Acuerdo de París que ratificó México en septiembre de 2016, nuestro país se comprometió a reducir para el año 2024 sus emisiones industriales mediante la generación de energía limpia en un 35% del total, y ya para el 2030 en un 43%. Aun cuando esas metas parecerían a primera vista muy difíciles de alcanzar, serían pan comido en un país como el nuestro que cuenta con grandes recursos en materia de energía eólica, fotováltica, mareomotriz y geotérmica.
Esas metas internacionales “serían pan comido”, escribí en el párrafo anterior, en lugar de escribir “son pan comido”. ¿Por qué?, quizás se pregunte usted ahora. Es que, usando la frase predilecta del Chapulín Colorado, no contábamos con la astucia de dos políticos setenteros. Uno, Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de la República, quien comenzó su carrera universitaria en 1973 (justo cuando nace el personaje del Chapulín Colorado). Y el otro, Manuel Bartlett Díaz, actual director de la CFE, quien durante esa década comenzó ya a detentar puestos de alto nivel en el gobierno federal. Ambos, sobra añadir, seguidores entonces del Partido Revolucionario Institucional.
El artículo 27 constitucional establece que: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación”. ¿Tan solo eso? ¿Y el raudo viento que va de un lado al otro y los benditos rayos del sol que caen sobre todo México, a poco no corresponden originariamente también a la nación? ¿A poco no son del Estado también? Lo que acabo de escribir es obviamente una broma, pero no tan exagerada como parecería. Me consta que más de un municipio de la República ha pretendido cobrar una especie de derecho de paso, es un decir, por el aire que vuela sobre su territorio y hace rotar a los aerogeneradores situados en otro lugar.
Para el gobierno actual es al parecer inadmisible que parte de la producción eléctrica pueda ser hecha por empresas privadas. El servicio de la electricidad es, ha afirmado el director de la CFE, un “derecho humano que no puede estar en manos de privados”. Fácil es decir eso, especialmente cuando la empresa pública que uno dirige requirió tan solo el año pasado un subsidio público de más de cien mil millones de pesos para mantenerse a flote.
Hubo un tiempo, hasta hace un par de años, cuando se pensó que la provisión de electricidad por parte tanto del sector público como del privado, éste en el caso particular de la energía limpia, podían coexistir. La idea principal era obligar a las empresas privadas que quisieran participar en el sector eléctrico a ofrecer los precios de energía más bajos posibles, al ponerlas a competir entre ellas. Además, se apoyaba la generación de energía limpia mediante los llamados Certificados de Energías Limpias, los cuales tenían que ser comprados por los grandes consumidores para garantizar que su energía limpia cubriera al menos un cierto porcentaje del total.
Esa alternativa está siendo puesta en duda por el gobierno actual mediante su reciente Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Lo enrevesado del título da cuenta de los enrevesados argumentos que contiene el acuerdo, el cual seguramente suscitará innumerables disputas legales. No cabe duda, la mística setentera está ya de regreso.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
