Hace un par de semanas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente López Obrador que yo juzgo muy desafortunado. Comenzando por el primer párrafo, el cual reza a la letra: “De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas”. Tras ese extraño preámbulo, el decreto procede a establecer las medidas de austeridad que permitirán a México librarse de la actual crisis económica. Qué digo librarse, no, no solo eso. Todo marchará tan bien que, de acuerdo con el punto nueve del decreto, acabarán creándose dos millones de nuevos empleos.
Pasando a los puntos específicos, mucho se ha criticado el primero de ellos, el cual establece que “de forma voluntaria” se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25%, y que además no tendrán aguinaldo. Dejando de lado la obvia ilegalidad de tal medida si fuese coercitiva, ¿cuánto podría obtener el gobierno con ella? López Obrador afirma que tres mil millones de pesos. Eso es muy optimista, pero supongámoslo. ¿Cuánto representaría esa cifra en comparación con el presupuesto original para el 2020? Es el 0.05% (0.0005) del monto total, el cual suma 6.11 billones de pesos. Por cierto, otra de las acciones de emergencia es que desaparecen diez subsecretarías..., aunque sin despedir a nadie.
La medida principal que está en ese decreto, la que tiene una mayor repercusión en la sociedad, es que el gobierno debe reducir en 75% su gasto de operación. Para empezar, deben reducirse las erogaciones en materiales de oficina, alimentación, limpieza, medicinas, vestuario, telefonía, servicios profesionales, refacciones, renta de inmuebles, gasolina, agua y electricidad. El problema es que algunos de esos gastos se tienen que hacer, so pena de que a las dependencias gubernamentales les corten servicios tan básicos como el agua, la electricidad, la telefonía y el uso de inmuebles. Así pues, dado que tales servicios son intocables, las dependencias se verán obligadas a no pagar al resto, a las demás empresas que las proveen de los otros bienes y servicios.
Pero ese impago, además de ser ilegal, golpeará no solo a dichas empresas y a sus trabajadores sino también a todas las otras empresas ajenas al asunto que, a su vez, proveen bienes y servicios a las anteriores, y así sucesivamente. Poco dejará en términos monetarios, aunque sí en términos de sufrimiento humano, ese decreto presidencial. Para muestra baste un botón: nada más en lo que llevamos de mayo, a partir del decreto se encuentran desempleados, en la calle, más de cincuenta mil trabajadores de limpieza.
Justo antes de ese decreto, López Obrador ya había asumido el control de los fideicomisos y fondos públicos, donde supuso que había riquezas insospechadas. Aunque pronto se dio cuenta que las grandes bolsas están justo en los fondos de estabilización de los ingresos del gobierno federal y los estados, así como en el que está asignado para la protección social en salud. Nada, por cierto, de lo que no podría legalmente disponer este año (y vaya que lo hará).
Pero él es persistente. El mismo día en que salió publicado aquel decreto, mandó al Poder Legislativo un proyecto de otro decreto para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De aprobarse, López Obrador podría disponer a su libre arbitrio del 10% del presupuesto, unos 611 mil millones de pesos. De hecho, si al presupuesto se le quita el gasto no programable y los gastos irreductibles en seguridad social, educación y salud, él tendría a su disposición el 30% de lo que resta del presupuesto. Aún queda la esperanza de que los legisladores no aprueben esa iniciativa; si no pueden rechazarla por México, al menos por mera dignidad personal.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
