Las políticas públicas de este gobierno federal no han sido particularmente atinadas. Por ejemplo, en términos del bienestar económico de los mexicanos este sexenio está perdido. Si bien nos va, no será sino hasta fines del 2022 cuando se recupere el nivel de producción del año 2018. Pero el problema, desgraciadamente, no acaba allí. Durante el sexenio la población de México habrá crecido en más de siete millones y, sobra recordar, los infantes tienen los mismos derechos que el resto de nosotros. Así pues, lo que importa no es el ingreso nacional, sino el ingreso per cápita: lo que le toca en promedio a cada mexicano. Visto así, la situación es francamente desastrosa: a fines del sexenio, en 2024, el ingreso per cápita será similar al que prevalecía en 2018.
A pesar de ello, en Palacio Nacional le siguen echando muchas ganitas para tener más ocurrencias sin pies ni cabeza. Entre ellas se encuentra la contrarreforma eléctrica que acaba de ser enviada al Congreso para su consideración, la cual si fuera aprobada, nos atrevemos a afirmar, pasaría a la historia como el mayor despropósito económico cometido durante el sexenio.
La iniciativa pretende modificar tres artículos de la Constitución (25, 27 y 28) para darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) casi todas las fichas que están en juego en el sector eléctrico. Pero antes de entrar en los detalles de la propuesta bien vale la pena recordar aquí algunas características claves que distinguen al sector eléctrico del resto. La semana que entra comentaremos, si usted nos lo permite, sobre las consecuencias de los cambios constitucionales.
En el proceso de la provisión de electricidad hay que distinguir tres etapas muy diferentes, que no se traslapan o al menos no deberían. La primera, por mucho la más importante, es la generación de la electricidad por parte de la CFE o de las empresas privadas. Los otros dos componentes del proceso son la transmisión de la electricidad a lo largo y ancho del país, así como su distribución a las empresas y los hogares (en la distribución se incluye la lectura de los medidores y los cobros). Por ley, quitando casos exepcionales como el autoabastecimiento, el ente público se encarga de la transmisión y de la distribución. Nadie puede ser culpado por un mal servicio en esas dos últimas etapas excepto la CFE.
La clave de la contrarreforma reside, pues, en saber cómo una empresa privada puede generar electricidad y venderla a la CFE, para que ésta a su vez la envíe a través de sus líneas de transmisión a todo el país. Lo que enreda un poco más el asunto es que la generación de la electricidad puede darse de varias maneras y que algunas de ellas son, por ley, exclusivas de la CFE (por ejemplo la energía proveniente de las hidroeléctricas o de la energía nuclear).
Como usted quizás ya imaginó, los costos de generación de la electricidad son mayores en el caso del ente público, lo cual implica de entrada que las tarifas eléctricas subirán tras la contrarreforma o en su defecto, lo que es igual de malo, todos acabaremos por subsidiar aún más a la CFE. Pero eso, como se comentará la siguiente semana, es tan solo la punta del iceberg.
Profesor del Tecnológico de Monterrey.
