La llevada y traída consulta sobre la revocación de mandato, realizada el pasado 10 de abril, nos costó oficialmente la friolera de 1,692 millones de pesos. Y eso que el Instituto Nacional Electoral, una institución que ya quisieran tener otros países, estiró cuanto pudo el presupuesto oficial.
A esa cifra habría que añadir la cantidad de dinero que se movió por debajo de la mesa para promocionar ilegalmente la consulta y acarrear a unos cuantos millones de despistados. ¿De cuánto pudo haber sido ese extra? Es difícil saberlo. Algo habrán costado los numerosos espectaculares que aparecieron a lo largo y ancho del país con la imagen presidencial, como también habrán costado las llamadas telefónicas, las visitas domiciliarias, la renta de vehículos, las tortas y los refrescos, y hasta la compra de votos que se dio en ese día tan especial.
Pero examinemos tan solo lo que fue gastado de manera transparente: 1,692 millones de pesos. ¿Cómo dimensionar esa cantidad? Para ponerla en términos relativos con otros rubros presupuestales, tomemos como referencia un programa que lamentablemente ya fue eliminado por el gobierno federal y que llegó a ser, de acuerdo con varios estudios nacionales e internacionales, muy benéfico para los niños mexicanos más desprotegidos. Nos referimos al “Programa de Escuelas de Tiempo Completo”.
Ese programa de la Secretaría de Educación Pública inició en el ciclo escolar de 2007 y llegó a atender a 3.6 millones de niños, los más pobres en el país, a través de más de 25 mil planteles. Al brindar horas adicionales de escuela a los más desfavorecidos, se alcanzaban simultáneamente tres objetivos. Que pudieran recibir una mejor educación, que pudieran consumir alimentos y que sus padres pudieran tener una mayor flexibilidad laboral.
Fue en 2019 el último año cuando el gobierno federal asignó al programa un presupuesto suficiente, del orden de 10,190 millones de pesos. Ese monto fue reducido a la mitad en 2020 y actualmente el programa ya no existe. En este contexto, ¿para qué hubieran servido los recursos dilapidados en la consulta sobre la revocación del mandato? Ni más ni menos que para otorgar servicios de escuelas de tiempo completo a más de 600 mil niños, que bien podrían haber sido los más pobres entre los pobres, y darles no solo educación sino alimento.
Otro ejemplo de un mejor uso de esos recursos lo hubiera brindado, por supuesto, el caso de la vacunación contra el Covid para los niños mexicanos cuya edad esté entre los cinco y los catorce años. Dado que en ese rango se encuentran alrededor de tres millones de niños, el costo de la campaña de vacunación hubiera sido ciertamente menor que el costo de la dichosa consulta.
Un último ejemplo lo da el caso del cáncer infantil, en especial la leucemia. Se estima que el tratamiento para el cáncer infantil tiene un costo mínimo de medio millón de pesos al año, por lo que con el dinero despilfarrado pudo haberse atendido a 3,384 niños mexicanos con cáncer. Esta cifra equivale, por cierto, a alrededor de la mitad de todos los nuevos casos que se presentan cada año en México. Y dicho sea también de paso, más de 4 mil de esos nuevos pacientes infantiles no podrán ser atendidos por las instituciones de seguridad social.
Profesor del Tecnológico de Monterrey