En sus ansias de ganar a toda costa las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 2 de junio, el presidente sigue echando más carne al asador.
Últimamente ha estado haciendo eso con un entusiasmo nunca antes visto. Ejemplos: incrementó en un 25% las pensiones que recibirán este año los adultos mayores; ha inaugurado con bombo y platillo varias obras públicas que están a todas luces inacabadas; cuenta con un ejército de soldados electorales (también conocidos como servidores de la nación) con dinero público suficiente; y viola flagrantemente un día sí y otro también el proceso electoral.
A lo anterior debe sumarse su anuncio de que el 5 de febrero presentará un paquete de reformas a la Constitución. Casi todas, como las que atañen al poder judicial y al INE, son de sobra conocidas y serán bloqueadas de inmediato por los senadores de la oposición. Sin embargo, hay una que es novedosa y que está obviamente diseñada con propósitos electorales, por lo que habrá que tratarla con pinzas: otra reforma más al sistema de pensiones.
Aunque sobre cuestiones actuariales el presidente probablemente no sabe mucho, sobre la grilla política vaya que sabe. En el año 2020 decidió revertir la reforma que había hecho la administración anterior para disminuir las entonces generosas pensiones de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y equipararlas con las de la mayoría de los trabajadores mexicanos. Por razones obviamente clientelares, de un plumazo López Obrador revirtió tal reforma y ahora los trabajadores de la CFE pueden retirarse, en el caso de los hombres, otra vez a los 55 años y no a los 65 como el resto, y además con el 100 por ciento de su salario. El costo actuarial extra de esa contrarreforma es hasta el momento, porque habrá que seguir contando, del orden de 150,000 millones de pesos, suma que pagaremos todos los mexicanos pues esa empresa es pública.
Dado ese antecedente, ¿qué alcance tendrá la reforma de pensiones que propondrá López Obrador? Pronto lo sabremos, pero al parecer él se centrará en la pensión que recibiría un trabajador al momento de su retiro, la cual pretende que sea el 100 por ciento del último salario percibido. Una tasa de reemplazo, como le llaman los actuarios, de esa enorme magnitud no existe en ningún país del mundo, por más rico que sea.
El monto de la pensión que recibirá en el futuro un trabajador mexicano depende de las aportaciones que hagan él mismo y los patrones que tenga a lo largo de su vida laboral. Bajo el actual régimen su propia aportación es 1.125% de su salario base. En el caso de las aportaciones patronales, la ley vigente requiere que el porcentaje se vaya incrementado gradualmente. En este momento es 6.5% y llegará hasta 13.875% en el 2030. En ese año la tasa de reemplazo en el caso mexicano será 62%, un porcentaje que es ligeramente mayor al promedio de las tasas que tienen los demás países de la OCDE. Lo cual es razonable.
Por otro lado, para incrementar esa tasa al 100% se requeriría un presupuesto de tal magnitud que no habría dinero suficiente para cubrir las necesidades mínimas del sector educativo, el de salud y el de seguridad pública.
