La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se encuentra investigando los flujos de ingresos del expresidente mexicano Vicente Fox Quesada y su hijo, Rodrigo Fox De la Concha, según fuentes de alto nivel a las que tuve acceso.
Según los primeros datos recabados por la UIF, existirían trece empresas vinculadas al exprimer mandatario y a su hijo, a las que se sumarían el Centro Fox y la Fundación Fox, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un periodo de cuatro años. Presuntamente no habrían declarado y pagado impuestos por la totalidad de ese dinero, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal para proceder contra Fox Quesada.
A mediados de julio, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador deslizó que un expresidente de México no pagaba impuestos. Lo dijo así, de manera general, y aunque no reveló el nombre del mandatario acusado, desde Palacio Nacional se filtró a medios de comunicación que se trataba de Vicente Fox. La indagatoria de la UIF revelada en esta columna parecería un seguimiento a tal señalamiento, que aparentemente surgía del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Fox desde entonces rechazó tajantemente las acusaciones y las consideró una consecuencia de sus constantes críticas al actual primer mandatario. La Unidad de Inteligencia Financiera ha sido una generadora de noticias de escándalo a lo largo del año que lleva en el poder el presidente López Obrador. En muchos sectores de la opinión pública y política se le ha acusado de ser un arma que utiliza el actual gobierno para intimidar a sus opositores. UIF ha sido acusada de ser un brazo persecutor de los opositores al presidente.
La investigación contra Fox podría despertar las mismas sospechas, pues el expresidente se ha vuelto una de las figuras opositoras más vocales contra el presidente López Obrador, como lo fue López Obrador de Fox cuando de 2000 a 2006 fue presidente de México. Le caería muy bien a la credibilidad de la UIF que llevara ante tribunales un par de casos que impliquen a los varios personajes cercanos al gobierno federal actual que han sido denunciados por sus presuntos manejos financieros turbios.
SACIAMORBOS
Escribió que estaba sentado y aún así, confiesa que casi se cayó de la silla al leer esta columna. Él sabe que tuvieron que frenarlo los empresarios porque, urgido de sacar la ratificación del TMEC, estaba a punto de permitir que Estados Unidos le pegara un mordisco a la soberanía mexicana. Él sabe que, por presión del sector privado mexicano, tuvieron que trabajar todo el fin de semana para frenar el planteamiento americano de mandar agentes del gobierno de Trump a verificar que las fábricas mexicanas en suelo mexicano cumplieran la ley laboral mexicana. Y él sabe que la alerta en el sector privado se despertó porque él estaba a punto de aceptar ese trato. Y él sabe que lo tiene que negar. Porque otra cosa, sería caerse de la silla.
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