El Plan C funcionó para el obradorato: prácticamente garantizaron quedarse con la presidencia del INE, si no es que más. Con el viento a favor, quieren ahora resucitar el Plan B que fue totalmente suspendido por la Suprema Corte de Justicia. Así es como le quieren hacer:
Las suspensiones a las dos partes del Plan B de la reforma electoral de López Obrador contra el INE funcionan mientras el pleno de la Corte analiza el asunto a fondo y lo vota. Lo que quiere el gobierno es apresurar esa votación. Y están presionando fuerte para ello.
Me revelan fuentes de primer nivel que a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de las dos ministras que operan para el presidente, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la administración federal está presionando para que la votación en la SCJN de la primera parte de la reforma electoral suceda en la primera quincena de abril; así, si pierden esa votación (como es previsible), tengan tiempo de volverla a presentar y volverla a votar en el Congreso pues el periodo ordinario de sesiones termina el último día de abril. Y esta vez hacer el trámite en el Legislativo sin violar el proceso, que fue lo que abrió la puerta a las impugnaciones.
Hay que recordar que la primera parte del Plan B de López Obrador fue impugnado con un argumento fácil de entender: en cosa de tres horas los legisladores recibieron, analizaron y votaron un documento de más de 600 páginas, eso es humanamente imposible. El Legislativo puede votar en fast track en casos de emergencia (pandemia, desastre natural, etc.). La reforma electoral no era una emergencia. Lo que sucedió es que los legisladores del bloque oficial, al ver que perdieron la votación del cambio constitucional, en cuestión de minutos agarraron una iniciativa del presidente, le cambiaron el remitente para presentarla como si fuera de Morena, le agregaron dos parches para complacer a sus aliados PT y Verde, se brincaron el análisis y votación en comisiones, la subieron al pleno y la aprobaron.
Por este apresuramiento, la primera parte del Plan B fue impugnada ante la Suprema Corte. El caso le tocó al ministro Arturo Pérez Dayán, quien otorgó la suspensión en lo que el pleno de los ministros le entra de lleno al asunto y vota. Esa votación es la que el gobierno quiere que suceda ya, a inicios de abril, porque calcula que la va a perder y su objetivo es que le dé tiempo de reponer el procedimiento impugnado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. ¿Por qué? Porque si la oposición se mantiene unida, el oficialismo no tiene los suficientes votos para convocar a un periodo extraordinario y el siguiente periodo ordinario es hasta septiembre, con lo cual, de aprobarse en esas fechas la reforma, ya no podría entrar en vigor para la elección del 2024 porque la ley marca que cualquier cambio tiene que aprobarse tres meses antes del inicio del proceso electoral, y no dan los tiempos.
Sin embargo, en la Corte —me dicen las fuentes— el ánimo es que esta primera parte del Plan B será discutida y votada hasta la segunda quincena de abril. El obradorato vería frustrado su objetivo de resucitar el Plan B.
