“Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Estoy seguro que no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel”. “Los que se portan mal ya no son bien vistos”. “Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás. Ahí andan las mamacitas sufriendo porque sus hijos están detenidos”. “Nosotros no queremos la guerra”. “Ya chole con eso”. “Fuchi, guácala”. “Cinturones de paz”. “No vamos a reprimir al pueblo”. “No hay un gobierno autoritario”.
Policías con instrucciones de no responder, aguantar que vándalos les avienten piedras, botellas, palos y bombas molotov. Soldados con órdenes de no usar la fuerza contra delincuentes armados que imponen su autoridad con sangre y terror en no pocas franjas del territorio nacional.
¿Estamos ante un enfoque novedoso para enfrentar la violencia, al que hay que darle tiempo para funcionar? ¿O es que tenemos un gobierno que no quiere asumir su responsabilidad como garante de la seguridad de los ciudadanos y como responsable de perseguir a quienes rompen la ley, a quienes agreden, despojan, roban, secuestran, violan, extorsionan y asesinan?
¿Es aceptable que el gobierno se escude en “cinturones de paz” conformados por burócratas —incluso mujeres y hombres de edad avanzada— porque no quiere que la policía se enfrente con los grupos anarquistas que vandalizan monumentos, edificios y comercios? ¿Es legal poner en peligro a esos trabajadores? ¿Se vale que los distraigan de sus tareas para hacer un trabajo de seguridad que no les corresponde?
¿Es legal la intervención de grupos de organizaciones sociales que se coordinan con autoridades para mantener el orden en una marcha? ¿Es exagerado advertir que así nacen los grupos de choque paralegales en regímenes que desprecian la ley? ¿Resulta aceptable un discurso suave, paternal, para integrantes del crimen organizado y un discurso agresivo, descalificador, para los críticos u opositores al régimen?
¿Tenemos un gobierno que confunde la represión con su tarea obligatoria de garantizar seguridad, o en realidad es una administración que prefiere permitir que ciudadanos que no respetan la ley afecten a ciudadanos pacíficos con tal de evitarse el costo político que le podrían cobrar sus clientelas por recurrir de manera legítima a las fuerzas policiacas?
En la marcha de ayer en conmemoración del 2 de Octubre, los contingentes de “anarcos” hicieron lo que siempre hacen: pintas por todo 5 de Mayo, destrozos en edificios públicos como el del Banco de México, petardos, agresiones a policías y periodistas. No hubo ningún detenido y reportes de una treintena de personas lastimadas, de las cuales dos necesitaron ser trasladadas a un hospital. La amenaza de acusarlos con sus mamás, casi sobra decirlo, no les preocupó.
Los “cinturones de paz” promovidos por Claudia Sheinbaum y apoyados por Andrés Manuel López Obrador se disolvieron rápidamente cuando comenzaron las agresiones. La policía vio de lejos lo que ocurría. Sólo cerró el paso durante varios minutos a un contingente que pretendía llegar al Zócalo al final de la marcha.
La forma de proceder del gobierno de la Ciudad de México deja muchas dudas y preocupaciones. De seguridad, de respeto a la ley por parte de la autoridad y de la actitud política tanto de la administración local como de la federal.
La estrategia de convencer “por las buenas” a los infractores de la ley (desde narcos hasta anarcos) se está topando con que éstos se la toman a burla, se mofan de la autoridad, del gobierno, del Estado. ¿Cuánto más va a durar?
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