Ordenar la liberación de un presunto narcotraficante buscado en Estados Unidos y México en el Culiacanazo. Desviar recursos del fondo de estabilización petrolera para fines no esclarecidos. Desperdiciar miles de millones de pesos al cancelar el aeropuerto de Texcoco. Militarizar al país con la Guardia Nacional pese a la obligación legal de que ese cuerpo tuviera un mando civil. Causar mil 600 muertes por dejar a niños sin medicinas para el cáncer.
Permitir por omisión la muerte de 137 personas por la orden a todos los cuerpos de seguridad y protección civil de no intervenir en absoluto para sacar a la gente que durante horas se acercó al ducto de gasolina pinchado en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Fingir una guerra contra el huachicol, usando a las Fuerzas Armadas, para esconder la omisión de la compra de gasolina necesaria. Desaparecer fideicomisos y emplear los fondos de manera opaca, sin las asignaciones correspondientes en el Presupuesto.
Aplicar los programas sociales a partir de distritos electorales en vez de un mapeo de pobreza. Hacer uso político electoral de las vacunas anticovid. Reducir los presupuestos de Salud en plena pandemia. Permitir subejercicios en el presupuesto de Salud en plena pandemia. Retrasar la entrega de equipo de protección al personal de salud que combate la pandemia. Negar la vacunación prioritaria a personal médico por trabajar en el sector privado y dársela a los operadores electorales del gobierno. Privilegiar criterios político-ideológicos sobre criterios científicos en el manejo oficial frente a la pandemia.
Generar un desabasto de medicamentos por una pésima planeación de las compras. Negar un programa de apoyo a empresas pequeñas y medianas en plena pandemia. Aplicar una política de austeridad a rajatabla con despidos masivos sin la liquidación correspondiente.
Simular la rifa y la venta del avión presidencial y hacer maniobras presupuestales no permitidas para sostener el proceso. Violar repetida y sistemáticamente las leyes electorales. Usar los recursos públicos para hacer propaganda personal y de gobierno a través de los medios del Estado mexicano.
Aplicar una política sistemática de priorizar las adjudicaciones directas en las compras y contratos de servicio del gobierno, violando la Constitución. Usar instrumentos del Estado como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para perseguir a opositores, críticos y ciudadanos que ejercen el derecho a protestar. Abusar de su poder contra ellos.
Usar a la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes a México y de migrantes mexicanos y extranjeros a Estados Unidos, por órdenes de Donald Trump y Joe Biden.
Registrar casi 100 mil ejecuciones e insistir en una estrategia de no enfrentar a los criminales. Persistir en el rechazo de pruebas y la negativa a usar cubrebocas y la renuncia al rastreo de contagios de covid pese al más de medio millón de muertos por la pandemia. Mantener el esquema de política económica prepandemia pese al resultado de registrar 15 millones de nuevos pobres.
Exonerar desde la Presidencia antes de que se iniciaran las investigaciones por presuntos actos de corrupción —y encubrir— a sus hermanos Pío y Martín, y a colaboradores como Manuel Bartlett o Irma Eréndira Sandoval.
La pregunta oficial de la consulta pública del 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En lo que se establece qué son “acciones pertinentes” y “esclarecimiento de las decisiones políticas” tomadas “en los años pasados” por “los actores políticos”, el lopezobradorismo concluye que eso significa “enjuiciar a los expresidentes”. Pero bien puede entenderse también que se puede enjuiciar a López Obrador, por decisiones tomadas en 2018, 2019 y 2020, incluso antes, porque ha sido “actor político” durante casi tres décadas.