El gobierno del presidente López Obrador tuvo que hacer una auditoría de emergencia en Coahuila. Era el inicio del año 2020 y ya habían escalado a nivel nacional las denuncias de que empresarios carboneros de la región eran extorsionados a cambio de recibir contratos de la Comisión Federal de Electricidad para comprarles el mineral: les pedían dinero, viajes, hasta vehículos de lujo.
La CFE mandó un supervisor de alto nivel, una suerte de embajador plenipotenciario de su director general, Manuel Bartlett: Pierre Antuan Gilly concluyó que el responsable de toda esta corruptela era un alto funcionario del gobierno estatal priista a quien denunciaría ante la FGR. Ese alto funcionario se pasó a Morena, obtuvo su patente de impunidad y hoy es el coordinador de campaña del subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, quien busca ser candidato morenista a la gubernatura de Coahuila.
Su nombre, Jorge Luis Morán. Era director de la UIF de Coahuila en el actual gobierno del priista Miguel Riquelme. Por acuerdo entre los gobiernos federal y local, lo nombraron responsable de organizar las compras de la CFE. ¿Cómo logró esto? Primero, porque era alto funcionario de confianza del gobernador Riquelme; segundo, porque es compadre y gran amigo desde tiempos universitarios del poderoso subsecretario Mejía Berdeja (cuando ambos militaban en el PRI); y tercero, porque también es cercano a Norma Leticia Morales Campos, ubicada como de todas las confianzas de Julia Abdala, la “no esposa, no concubina” de Bartlett.
Con estos respaldos, Jorge Luis Morán entró de relevo a la tarea de ordenar el mercado minero, después de que no pudo el subsecretario de Energía, Francisco Quiroga, quien escaló por recomendación de la entonces secretaria de Economía, Graciela Márquez, y de su esposo el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Quiroga se fue entre escándalos y denuncias, al grado que desaparecieron su Subsecretaría y lo mandaron de embajador a Alemania. Ya antes había fracasado en el intento de hacer un censo de pequeños productores de carbón, el otrora todopoderoso de Palacio, Gabriel García, exoperador financiero de López Obrador.
Después de todos estos tropiezos le cayó la encomienda a Jorge Luis Morán. Y así como recibió toda la confianza terminó por generar toda la desconfianza. Pronto circularon denuncias de que fomentaba el coyotaje que debía erradicar, que pedía dinero por tonelada de carbón comprada y hasta daba el número de cuenta para que le depositaran, que pedía también viajes y vehículos de lujo, y que amagaba con investigaciones de su oficina (la UIF de Coahuila) a quien no se alineara. Algo de esto relaté en mayo pasado en estas Historias de Reportero.
Con tales antecedentes proliferaron los nuevos empresarios mineros de Morena. Proliferaron también los “pocitos” —minas artesanales que son trampa mortal, como El Pinabete en Sabinas— que surten carbón a los empresarios favorecidos con los contratos de la CFE.
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