Manuel Bartlett fue implicado por Estados Unidos en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, al grado que el entonces procurador americano, William Barr (que está ahorita de nuevo en el cargo) pidió que Bartlett fuera extraditado.
Manuel Bartlett era el jefe directo de José Antonio Zorrilla, sentenciado por el asesinato del periodista Manuel Buendía, principal columnista en la década de los 80, quien había denunciado la complicidad del gobierno con el narco.
Manuel Bartlett fue guardián de un sistema político monopolizado por el PRI en el que la libertad de expresión se pagaba con la vida, a los opositores les fabricaban delitos para perseguirlos y encarcelarlos, la corrupción era el ejercicio cotidiano y el narcotráfico empezaba a tener un alcance nacional gracias a su colusión con el poder político.
Manuel Bartlett impidió el primer triunfo de la izquierda en una elección presidencial. Fue el operador del fraude electoral conocido como la “caída del sistema” contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.
Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación en tiempos de De la Madrid. Salinas de Gortari lo bendijo como secretario de Educación y luego lo impulsó para ser gobernador de Puebla. Zedillo lo hizo senador la primera vez. La segunda vez fue encumbrado por López Obrador, que ahora lo tiene de director general de la Comisión Federal de Electricidad.
Manuel Bartlett hizo negocios con la urbanización de zonas de Tabasco. De esto en particular no tengo ninguna prueba, pero el que lo denunció fue el propio López Obrador en uno de sus libros.
Manuel Bartlett puso en grave riesgo al gobierno del presidente López Obrador al cancelar los contratos de los gasoductos. Tuvo que llegar medio gabinete económico con el primer mandatario para alertarle de la barbaridad hecha por el director de la CFE para que el mismo presidente interviniera para renegociar los contratos, a un costo más alto para el país.
Manuel Bartlett ocultó que él, su pareja y su hijo tienen 23 propiedades de lujo en las zonas más exclusivas de la capital del país, con valor comercial de 800 millones de pesos. Manuel Bartlett tampoco declaró su vinculación con doce empresas privadas. Una de ellas recibió ya un contrato de 2 millones de pesos del actual gobierno federal y otra ofrece servicios relacionados con el sector eléctrico, en el que Bartlett es funcionario público.
Las casas y las empresas fueron denunciadas en mis espacios periodísticos través de dos reportajes de Arelí Quintero: Bartlett Bienes Raíces y Bartlett S.A. de C.V. Ayer en su conferencia mañanera le preguntaron al presidente sobre el asunto. Contestó: “No le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigaciones porque no son honestos”. Dijo que Bartlett era víctima de una campaña y adelantó que “tiene que responder como lo ha hecho y estoy seguro que va a aclarar todo”. En realidad, las respuestas que ha dado Bartlett no desmienten ninguno de los muchos documentos que hemos presentado como evidencia.
Una vez más, ante las pruebas, el presidente opta por hacer como que no existen porque no le gusta lo que demuestran. De nuevo, con la esperanza de desaparecer la realidad, simplemente calumnia a quien las presenta. Al hacerlo, se confirma como una amenaza a la libertad de expresión. Y exhibe el verdadero alcance de su lucha anticorrupción: si es de los suyos, se tolera. Por lo menos ya quedó claro.
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