Hace poco más de un año, cuando súbitamente el gobierno federal decidió cancelar los contratos de los gasoductos, los moderados más cercanos al presidente López Obrador se juntaron para advertirle con gran preocupación que una medida así podría significar el fin de su pretendida Cuarta Transformación, una ruptura tal con el capital privado que detonaría una crisis de confianza en el gobierno que estaba empezando. “Es mucho peor que el aeropuerto”, le sintetizaron voces como Urzúa, Scherer, Ebrard, Romo. Estos “moderados” del obradorismo se enfrentaban así con los radicales (Nahle, Bartlett, etc.) que exploraban coquetamente la ruta de la nacionalización de la industria petrolera. El presidente entendió y dio marcha atrás.
Con el “sabadazo” —así se llamaba en tiempos del régimen de partido único, PRI, a las sorpresas económicas que se revelaban en viernes en la noche o sábado para agarrar a la opinión pública distraída- contra las energías limpias, el gobierno se vuelve de nuevo el gran monopolista de la energía eléctrica y patea inversiones internacionales que generan en México 75 mil empleos. La ruptura es como la de los gasoductos, si no es que peor.
En los próximos días sabremos si el presidente rectifica. Si no lo hace, estará claro que comienza ya un punto de quiebre en su manejo económico: sin tapujos, va de lleno al nacionalismo revolucionario, al modelo de hace 60 años que ha causado estragos en buena parte de la Latinoamérica bolivariana. El presidente de México confirmará que, fracasado el neoliberalismo (que lo está, de eso no hay duda), fue incapaz de impulsar al país hacia un futuro de libertad económica con responsabilidad social (hacia donde han avanzado los países con menor pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad) y no se le ocurrió otra sino regresar el reloj al pasado… muy pasado.
Además, si no rectifica, este manotazo presidencial, este “golpe eléctrico” pondrá de nuevo a prueba al Poder Judicial mexicano. Es previsible que las empresas afectadas, respaldadas por sus poderosos países (Alemania, Francia, Canadá, España, Italia, Japón, aparentemente Estados Unidos también), busquen amparos frente a este súbito cambio de reglas, como parte de una estrategia de defensa legal que podría escalar hasta instancias internacionales de protección de inversiones entre países.
Desde el “golpe eléctrico” del viernes por la noche, el presidente ha ido endureciendo el discurso: el “ensayo” sobre su modelo económico, la propuesta del censo anti-ricos de Morena, las declaraciones de ayer en la mañanera. Veremos si forma parte de una negociación… o de un parteaguas.
SACIAMORBOS
El “supersecretario” Bartlett. El funcionario más cuestionado del gobierno del presidente López Obrador es el “gran ganón” de la remonopolización. El botín que se agenció el gobierno el viernes por la noche ha sido puesto en manos de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hay muchos secretarios de Estado que no tienen el poder que ha acumulado Bartlett y más aún, el que va a tener si se concreta esta medida: la gestión de la CFE implicará un enorme poder económico y un enorme poder político. Y todo quedará depositado en Bartlett, quien se ha vuelto símbolo de la corrupción del actual gobierno: 23 casas, 13 empresas, mecenas de López Obrador en campaña, papá del contratista consentido y escándalos que sigan brotando en el camino… (el Inegi tendrá que hacer especial esfuerzo para medir la riqueza de este ciudadano).
