El gobierno federal tenía prisa por amarrar la ratificación del nuevo TLC en el Congreso de Estados Unidos. Tiene todo el sentido: en medio de tantas malas decisiones económicas, contar con un acuerdo comercial regional sirve de oxígeno a la administración López Obrador frente a la desconfianza que se ha ganado entre inversionistas, empresarios, analistas y mercados.
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y encargado de la negociación para el TMEC, recibió la orden de su jefe: haz lo que tengas que hacer pero logra que se ratifique el tratado.
Y cumplió la orden. Hizo lo que tenía que hacer: sacó a los empresarios mexicanos de los últimos días de la negociación, permitió que Estados Unidos reabriera la negociación ya pactada y terminó pegándole un mordisco a la soberanía nacional. Pero amarró la ratificación del TMEC.
Obviamente, Estados Unidos, al detectar la urgencia de México, olió debilidad en su rival y se aprovechó. Y en esa, fueron juntitos los dos partidos políticos americanos. Los republicanos reabrieron las cláusulas ya negociadas sobre el acero, y ganaron aún más ante México. Los demócratas se despacharon en el sector laboral y pudieron satisfacer a los sindicatos estadounidenses, que son parte de su base electoral.
Frente a ello, el gobierno de México no hizo nada. Cedió en el acero, para que exista un mayor componente norteamericano. Y en lo laboral, aceptó que frente a una queja estadounidense, las empresas mexicanas sean presuntamente culpables hasta que demuestren lo contrario. Los empresarios habían advertido que esto puede abrir la puerta a una marea de litigios que ponga a los sectores productivos mexicanos contra la pared, y de esto se aprovechen sus competidores estadounidenses.
Hace una semana, los empresarios mexicanos leyeron que el subsecretario Seade estaba cediendo peligrosamente de más, fueron con el canciller Ebrard, vieron al presidente López Obrador, pero apenas pudieron frenar un ápice de lo que ya se había prometido a Estados Unidos a cambio de la ratificación. Con la venia de sus jefes, Seade ya estaba encarrilado y aceptó cosas que para el empresariado eran inaceptables. Tanto, que el gobierno mexicano escondió los textos de lo negociado y los empresarios mexicanos se enteraron del pacto final gracias a que el gobierno de Estados Unidos sí hizo públicos los acuerdos. Cuando los leyeron, se les estrellaron en la cara varias sorpresas. Hasta el cierre de esta columna, los únicos textos disponibles son los de USTR (United States Trade Representative) y la administración López Obrador sigue sin transparentar lo que firmó.
No se puede escatimar la extraordinaria señal que significa que México tenga una tratado de libre comercio con Estados Unidos, en momentos en los que está de moda el proteccionismo, los aranceles, las represalias, las amenazas contra el libre comercio. Pero hace mal el gobierno de México en esconder que el sector privado mexicano pagará un alto costo a cambio de acceder a esa posición de privilegio.
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