Ya califica de modus operandi: la semana pasada comparecieron en el Órgano Interno de Control del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) 15 trabajadores que denuncian que les están pidiendo el 30% de su salario a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno.
Según fuentes con acceso al expediente, el funcionario que se los pedía es identificado por los denunciantes como José Ángel Anzurez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales (lo de encargado de despacho es un decir, porque según los registros, el individuo lleva dos años en ese cargo). El funcionario tiene bajo su mando a aproximadamente 70 personas, pero sus tentáculos alcanzan otras dependencias en las que ha logrado colocar a algunos de sus leales. Una de las quejas es que con este esquema han sido incorporados trabajadores que no tienen la suficiente capacitación —relatan que algunos no saben ni prender una computadora—, pero que garantizan que les van a dar ese 30%.
Según los testimonios presentados ante el Órgano Interno de Control del Indep, este funcionario y su esposa, que no trabaja en el Instituto, se encargan de cobrar este “moche”. Cuando por protocolos del gobierno federal se prohibió el acceso de familiares a los edificios de la administración pública, la señora empezó a usar como oficina de recaudación un Starbucks cercano a las oficinas. Los trabajadores afectados presentaron como pruebas, además de sus testimonios, chats de WhatsApp y hasta transferencias electrónicas.
Los agraviados identifican a la pareja acusada de extorsión como poblana, cercana a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. La mujer buscó una diputación en la pasada Legislatura. ¿Ese 30% del salario se considerarán “aportaciones” a alguna campaña? El modus operandi es muy similar al que instrumentó la hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cuando fue presidenta Municipal de Texcoco (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció como delito electoral lo que hacía el gobierno de Delfina: quitar el 10% del salario de trabajadores para dedicarlo a las campañas de Morena).
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha sido, paradójicamente, una fuente inagotable de robo al pueblo. Desde que López Obrador le puso ese nombre ha estado envuelto en escándalos: el primer director renunció bajo sospecha de corrupción, el segundo director renunció denunciando públicamente que lo estaban obligando a corromperse, el fraude del cheque multimillonario sin fondos de la FGR, entre muchos otros casos. Me recuerda muchos casos de este sexenio: Segalmex, el invento del obradorato supuestamente para acabar con la corrupción de Conasupo-Diconsa-Liconsa, terminó siendo la dependencia más corrupta del gobierno; el Insabi, creado porque según esto el Seguro Popular no servía, terminó desmantelado porque nunca sirvió; y así nos podemos seguir varias páginas más.