El plan de llevar internet a los pueblos más remotos de México para apoyar su desarrollo surgió en tiempos de Peña Nieto con el nombre Red Compartida. Le encargaron el proyecto a la empresa española Altán Redes, a través de una asociación público-privada. Era un negocio de más de mil millones de pesos que, como casi todo en ese sexenio, quedó empantanado bajo sospecha de corrupción: no se completó la meta, y Altán Redes estaba quebrada en España y con demandas en Estados Unidos.
Llegó López Obrador al poder y recuperó la idea. Le cambió de nombre: Internet para Todos. Y como no quería asociarse con una empresa privada, determinó que todo lo haría el gobierno con una nueva dependencia: CFE Internet. Ésta, de la mano de la oficina de Estrategia Digital Nacional (EDN), llevaría internet a 120 mil comunidades. El presupuesto se triplicó: ya eran 3 mil millones de pesos.
¿Qué hicieron CFE y EDN para implementar Internet para Todos? ¡Subcontratar a Altán Redes! No fue casual. Según fuentes con acceso a Palacio Nacional, esto sucedió por las estrechas relaciones entre dos ciudadanos de nacionalidad española: el director general de Altán Redes, Salvador Álvarez, y el hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador para los temas digitales, Raymundo Artís Espriú “Raymond”, coordinador de EDN.
Pero Raymond falleció en junio de este año (qepd), y unas semanas después, Altán Redes entró en concurso mercantil. Heredó el proyecto Emiliano Calderón “El Bicho”, con el respaldo de Gabriel García, operador electoral y financiero de López Obrador, quien entonces despachaba en Palacio Nacional.
Pero todo se fue descomponiendo y hasta dentro del propio gobierno surgieron críticas porque, según las mismas fuentes, revisiones internas detectaron que Altán Redes simulaba haber creado infraestructura de conectividad, cuando sencillamente subarrendaba los espacios satelitales y las antenas a carriers locales; presumía 70% de alcance en el territorio nacional, pero no cobertura… porque no tenían infraestructura propia.
No sólo eso. La sospecha dentro de la propia “4T” alcanzó a los dos funcionarios. Calderón y García, me revelan las mismas fuentes, habrían también extrañamente promovido la contratación de Altán Redes para desarrollar el core bancario del Banco del Bienestar… que no estuvo listo nunca. El mismo García es acusado de haber metido a Altán en el negocio de poner internet en los 13 mil centros integradores… que no existen.
La tragicomedia llega a los más altos niveles. En julio de 2019, López Obrador prometió que Internet Para Todos se ofrecería en los miles de centros integradores del gobierno, pero no se han construido. En julio de 2020, en la mañanera se seguía declarando que ya casi empezaban. En mayo de este 2021, el presidente decía que ya “alistaba” la llegada de internet a los primeros 100 mil pueblos. López Obrador dice ahora que el Internet para Todos se dará en las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, pero las sucursales no existen.
Los pretextos vienen de tiempo atrás: en su Segundo Informe de gobierno, López Obrador prometió que habría Internet para Todos en el 2021; un mes después, el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, lo aplazó para 2022; y en su Tercer Informe, el presidente lo movió a 2023.
Internet para Todos es otro de los programas que naufraga en la incompetencia del gobierno y queda salpicado por sospechas de corrupción. ¿Usted cree que ahí pararon? ¡No! Los mismos personajes con la misma empresa consentida se lanzaron a la ocurrencia de hacer la Aerolínea del Bienestar. Esa historia se la cuento mañana.
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