Los asesinatos del padre Marcelo Pérez en Chiapas (20 de octubre), del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, en Guerrero (6 de octubre), y del exrector universitario Héctor Melesio Cuén en Sinaloa (25 de julio), fueron todos crímenes reiteradamente anunciados.
El 18 de octubre, el coordinador de opinión del diario La Jornada, Luis Hernández Navarro publicó: ‘Chiapas: la guerra civil llama a la puerta’, y dos días después fue asesinado el sacerdote católico.
En el caso del alcalde, en días previos mataron a quien sería su secretario de seguridad pública y al secretario del ayuntamiento.
Al académico lo asesinaron en el mismo lugar y fecha donde se llevó a cabo la ‘extracción’ del Mayo Zambada por parte de agentes estadounidenses.
Es imperativo preguntarse si la inacción de los gobernadores (es un decir) morenistas Rutilio Escandón, de Chiapas; Evelyn Salgado, de Guerrero; y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, obedece a la vinculación de políticos del oficialismo con las bandas del crimen organizado.
En el sexenio que concluyó el 30 de septiembre los tres gozaron de protección política. El nuevo gobierno dice que se investigará y que no habrá impunidad; ello en un país donde de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian, y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven (impunidadcero.org).
¿Cómo investigar cuando los criminales son encubiertos por las autoridades? Ahora mismo hay centenares de comunidades en grave peligro por el accionar impune de las bandas delincuenciales. Menciono aquí solo tres casos:
1. La Sierra Tarahumara, habitada por el pueblo rarámuri. El 2 de octubre fueron hallados cinco hombres muertos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua; tres de ellos eran originarios de la Sierra Tarahumara. A más de dos años del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en junio de 2022, continúan los desplazamientos y la deforestación criminal. Los habitantes se encuentran en desamparo y quienes hacen frente a la situación son principalmente sacerdotes y religiosas.
2. La zona del Istmo de Tehuantepec, casa del pueblo mixe o Ayuuk. La Universidad Iberoamericana, organismos civiles, y comunidades de la región impulsan desde hace diez años una escuela de agroecología y la empresa ‘Anaa Witsukj, empacadora y comercializadora de limón persa, en la que participan 730 personas productoras de 39 comunidades, exportando unas 300 toneladas al mes. Acompañan el proceso la diócesis de Tehuantepec y Oxfam México. Hoy sufren el escalamiento de la violencia, expresado en homicidios y desapariciones. Los dirigentes sociales y las comunidades viven en un peligro constante.
3. Cuajinicuilapa, Guerrero, la comunidad afrodescendiente más grande en México. Actualmente vive una situación de violencia donde el crimen organizado ha creado un ambiente de terror, paralizando escuelas, comercios y vida cotidiana casi en su totalidad.
Antes del inicio del actual gobierno el @dialogopazmx presentó un diagnóstico que señalaba todos estos hechos. Estos S.O.S. deben ser atendidos cuanto antes. Estos mexicanos elevan su clamor para que el gobierno federal asuma su responsabilidad en materia de seguridad, de protección ciudadana y de construcción de paz.
¿Los escucharán? ¿O seguirá prevaleciendo la conveniencia política sobre la justicia?
Profesor asociado en el CIDE.@Carlos_Tampico
