El establishment político en Washington no quiere ocuparse de México, y rara vez tiene el humor o el tiempo para hacerlo. Su atención y capacidad de concentración están enfocadas en las guerras en el Medio Oriente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y la pugna geopolítica y tecnológica con la República Popular China.
Durante décadas bastó con que México no se aliara con los rivales estadounidenses en la Guerra Fría para mantener tranquilo a Washington. A partir de la entrada en vigor del TLCAN 1.0, EU se acostumbró a que Canadá y México, no le generaran mayor incertidumbre respecto a sus intereses, a diferencia de lo que enfrenta en otras latitudes.
Esto podría estar cambiando. Hoy las tres preocupaciones centrales bipartidistas de Washington respecto al Gobierno de México son:
i) Que colabore a desmantelar la narcopolítica en México como plataforma y protección para fabricar, transportar e introducir fentanilo hacia EU;
ii) Que ejerza la contención migratoria militarizada para impedir que los flujos migratorios hemisféricos y extracontinentales lleguen a la frontera común;
iii) Que no permita a las armadoras chinas de automóviles eléctricos establecerse en México para exportar al mercado estadounidense.
En años recientes los vínculos de actores de la clase política mexicana con el narco y el crimen organizado han transitado desde la tolerancia y la complicidad, hacia la asociación e incluso la subordinación: yo te financio tus campañas electorales a cambio de controlar autoridades.
Si en 2020 el comandante del Comando Norte decía que un tercio de la geografía mexicana estaba bajo control del crimen organizado, hoy los dos megacárteles tienen actividad en la totalidad de las entidades federativas.
Lo ocurrido en Sinaloa a partir del 25 de julio de 2024 ha trastocado la ecuación. La extracción del ‘Mayo’ Zambada por parte de Washington obedece a la decisión de golpear a la organización clave en la introducción de fentanilo a Estados Unidos.
La reforma constitucional para controlar políticamente al Poder Judicial no parece violar directamente el texto del T-MEC, pero definitivamente contraviene su espíritu, al introducir incertidumbre por el socavamiento del Estado de Derecho.
El gobierno de CSP le apuesta a que la revisión del T-MEC sea sólo eso: revisar punto por punto qué es necesario mejorar. En contraste, Trump quiere convertir la revisión en renegociación, para que México se pliegue a las prioridades geopolíticas y de seguridad nacional de Washington, que pasan por descarrilar a China. La apuesta mexicana por el nearshoring no tiene perspectivas de despegar, gane Trump o Harris.
“Mexico es nuestro socio, pero no parece que estén poniendo en orden su casa” se convirtió en una expresión ubicua de dirigentes políticos, diplomáticos, funcionarios de gobierno y empresarios estadounidenses. Está por verse si el cambio de administración aquí y allá cambiará esa lectura.
El supuesto de que por definición dos mujeres presidentas se llevarán mejor por ser mujeres carece de asideros. Una mejor relación bilateral no descansa en tratar de apaciguar al ‘bully’ o poner en pausa a la embajada porque no compartió información estratégica, sino en la reconstrucción de la confianza recíproca, lo cual se dice más fácil de lo que se hace.
Profesor asociado en el CIDE @Carlos_Tampico
