El Presidente de la República le ha dado cada vez mayor poder al Ejército.
El inventario de lo militarizado ha crecido vertiginosamente: seguridad pública, aplicación de vacunas, la operación de 13 aeropuertos, el control y operación del espacio aéreo, la operación de las aduanas, de los puertos, el Tren Maya, la construcción de sucursales de los bancos del Bienestar, más lo que se acumule hasta el 30 de septiembre de 2024.
Es sabido que la disciplina y eficacia del instituto castrense cautivaron al titular del Ejecutivo, pero su apuesta personal pone en riesgo el precepto constitucional ‘en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar’.
Las fuerzas armadas pueden actuar a petición expresa de las autoridades civiles y subordinadas a estas.
En Chile, Colombia, España y Estados Unidos, los ministerios de defensa han sido encabezados por civiles. En México, el modelo de seguridad pública del Ejecutivo continua en la línea de la militarización.
El 18 de abril de 2023 la SCJN tumba la reforma que transfiere al Ejército el control de la Guardia Nacional, al resolver que la corporación policiaca debe estar bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad, no del Ejército.
El 19 de abril de 2023 el presidente declaró que intentará en los últimos momentos de su mandato, en septiembre de 2024 una nueva reforma para transferir la Guardia Nacional al Ejército mediante una nueva reforma constitucional.
El 8 de septiembre de 2023, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 otorga un incremento de 131.8 por ciento a los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional y de 71.7 por ciento a la Secretaría de Marina Armada de México.
Dice el secretario de Hacienda que las obras construidas por los militares salen 30 por ciento más baratas que las edificadas por los civiles. ¿En serio?
Las cuatro empresas paraestatales de la Sedena pidieron para 2024 subsidios de operación por 22 mil 728 millones de pesos, monto que rebasa el presupuesto combinado de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para el próximo año. Se trata del Tren Maya, la Aerolínea del Estado Mexicano (ex Mexicana de Aviación), Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Su operación no es sustentable y necesitan del dinero público para subsistir.
Una versión preliminar del Proyecto de Nación 2024-2030 de Morena le da más poder a las fuerzas armadas. La elección presidencial de 2024 no está cantada, y cada vez luce más improbable que su partido obtenga mayoría calificada en el Congreso.
Mientras tanto, se otorgan al Ejército más tareas ajenas a su naturaleza militar y más dinero, pero con gran opacidad.
Aunque los recursos asignados a la Sedena sean objeto de revisiones y fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, el argumento de la seguridad nacional se esgrime para mantener información en reserva o en secreto.
El dilema no es sí al ejército o no al ejército. México necesita y valora positivamente a sus fuerzas armadas. El problema de fondo es la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, en un esquema constitucional que incluya controles democráticos y mecanismos de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Nada más, pero nada menos.
