“Les pedimos que no nos maten”, dijo desde el alma una mujer indígena guatemalteca cuando le preguntaron ¿qué le piden ustedes a México?
Este intercambio, por inverosímil que parezca, tuvo lugar en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018, durante la adopción del Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e impulsado por el actual Gobierno de México en sus primeros días.
La mujer señalaba lo que todo mundo sabe: atravesar México para llegar a EU es una apuesta que te puede costar la vida.
El 22 de enero de 2021 fueron hallados en el poblado Santa Anita, del municipio de Camargo, Tamaulipas —que al norte colinda con Texas y al sur con el estado de Nuevo León— 19 cuerpos calcinados, la mayoría presuntamente de migrantes guatemaltecos del departamento de San Marcos.
El lucrativo negocio de la trata y el tráfico de migrantes pobres sin papeles ocurre a la luz del día. Su impunidad está garantizada por una intrincada red de complicidades entre funcionarios y bandas del crimen organizado: una de las camionetas usadas en la masacre había sido asegurada por agentes del Instituto Nacional de Migración durante un operativo en diciembre.
Al enterarse del asesinato masivo, Héctor López Ramírez, alcalde de Comitancillo, San Marcos, se reunió con familiares de las personas ejecutadas. El diario guatemalteco Prensa Libre recogió sus palabras: “Algo tiene que hacer el gobierno de México. ¿Qué hubiera pasado si en Comitancillo hubieran quemado a un grupo de mexicanos y cómo hubiera reaccionado ese país en contra de los pobladores de Comitancillo?” (https://bit.ly/3qMjtoZ).
Hace unos días visitó México una delegación guatemalteca buscando respuestas sobre la masacre de Camargo. Justo cuando se encontraban aquí, nos enteramos de que en 2019 la Estrategia de Cooperación Financiera con Centroamérica no destinó recursos para apoyo internacional. La Auditoría Superior de la Federación detectó que el dinero fue para centros de detención de migrantes. (http://bit.ly/2MpGaAs)
Durante los primeros dos años de este gobierno escuchamos reiteradamente la frase: “es que Trump presiona, Trump nos obliga…”. Ya se fue Trump, pero seguimos combatiendo migrantes mientras los muertos se acumulan. El Plan de Desarrollo Integral de la CEPAL entregado en mayo de 2019 (https://bit.ly/3pWqv9q) sigue en espera. Biden ya empezó a desmantelar las políticas de Trump, pero el compromiso tiene que venir también de Guatemala, El Salvador y Honduras —¿y nosotros cuándo?
La banalización y normalización de las cifras trágicas estremece. Detrás de cada muerte hay historias personales y familiares: el hijo que se va a EU para juntar dinero para la cirugía de su mamá, el hombre que entregó las escrituras de su casa para pagarle al coyote. Vidas segadas, el sueño americano trunco por la tragedia mexicana: aquí la vida de los migrantes centroamericanos pobres y sin papeles no vale nada.
Como escribió Sergio Ocampo Madrid en el diario El Tiempo, de Bogotá (https://bit.ly/3dHkbQW): “Algún día, por humanidad, por justicia, por verdad, los mexicanos deberán explicarle al mundo sobre esas fosas comunes donde terminaron quién sabe cuántos latinoamericanos”.
@Carlos_Tampico
