Es conocido que, frente a las crisis políticas y de seguridad desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por el Ecuador, los “líderes políticos” hacen llamados a la unidad y al fortalecimiento del “Estado”. Sin embargo, resulta aún triste que líderes de “izquierda”, como el expresidente Correa en Ecuador, hagan un llamado a esa unidad nacional en torno a un narcoestado ecuatoriano gestado al menos en los últimos 15 años. Uno esperaría que líderes como Correa se disculpe y expliquen la relación de sus gobiernos con los pactos criminales e insten a romper los pactos de impunidad y construir Estados democráticos que ayuden a sanar a América, la patria grande.
No se trata de llenar las cárceles de Ecuador, Argentina, El Salvador, México o Estados Unidos de operadores del crimen organizado, que en su mayoría son simples peones o gerentes desechables. Se trata de romper todo pacto de impunidad y cambiar la realidad de miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que a menudo se convierten en víctimas inadvertidas de esos pactos entre políticos y criminales.
Estos acuerdos mafiosos pueden implicar desde el desvío de recursos destinados a programas educativos y de bienestar hasta afectar directamente su acceso a una educación de calidad, atención médica adecuada y condiciones de vida dignas. Además, en algunos casos, las víctimas de los pactos de impunidad pueden ser instrumentalizadas directamente como peones en el juego político, utilizadas como herramientas de la violencia criminal o manipulación para garantizar la lealtad y el silencio de ciertos actores en el poder.
El abuso de poder inherente a estos pactos también expone a las infancias, adolescencias y juventudes a situaciones de vulnerabilidad extrema, como el reclutamiento forzado en actividades ilícitas o la explotación sexual. Como ejemplo, es fácil observar que, en la toma del canal de televisión en Ecuador, fueron usados adolescentes y jóvenes quienes encarnaron el “terrorismo”.
El verdadero terrorismo está en los agentes políticos mafiosos, pues la corrupción política que permea estos acuerdos puede socavar gravemente los derechos fundamentales de los pueblos de América, dejándolos atrapados en un ciclo de abuso y negación de oportunidades.
La ruptura de los pactos de impunidad es esencial no solo para garantizar la rendición de cuentas de los responsables, sino también para salvaguardar el bienestar y el futuro de las generaciones jóvenes que a menudo pagan el precio más alto en la búsqueda del beneficio político y la impunidad.
En la lucha contra la corrupción y la impunidad, romper el pacto de impunidad político/empresarial/criminal se presenta como un paso crucial para desentrañar las raíces profundas de los Estados capturados por el crimen organizado en América. Este pacto, que a menudo se teje entre figuras poderosas de la economía, la criminalidad y la política, se convierte en el núcleo que protege a aquellos que han abusado de su poder y no son tocados ni por las más aclamadas popularidades ni en Norteamérica ni en América Latina.
La ruptura de este pacto implica llevar a los responsables políticos, financieros y criminales ante la justicia; esa es la declaración política y la acción judicial que esperaríamos de todos los líderes políticos de América, desafiando los discursos de unidad que a menudo rodean a estas redes corruptas y mafiosas del crimen organizado transnacional, pues sus llamados a la unidad en torno al Ecuador hoy son parte del cinismo político en América.
La apelación a la unidad nacional de los pueblos en Argentina, Ecuador o México puede convertirse en un mecanismo para encubrir las prácticas corruptas y mafiosas, creando una política fachada de estabilidad que enmascara la descomposición interna del sistema político y social de todo el continente. Sin políticos presos y procesados por sus vínculos con el crimen organizado no hay democracia.
Al romper el pacto de impunidad a través de procesos judiciales, se enfrenta la narrativa de la “unidad” que perpetúa la opacidad y el encubrimiento. La transparencia, la rendición de cuentas y la judicialización de expedientes por vínculos político-criminales emergen como pilares fundamentales para reconstruir la confianza en las instituciones o en la construcción de nuevas instituciones.
La sociedad, al desafiar este pacto, reclama un Estado basado en la integridad, la justicia, la protección y la inclusión en lugar de permitir que la impunidad florezca bajo la sombra de la supuesta Unidad Nacional o de Unidad Partidaria como sucede hoy en Ecuador, en Argentina o en México.
La tarea no es fácil, ya que aquellos comprometidos con el pacto de impunidad buscarán resistir cualquier cambio que amenace su statu quo. Sin embargo, romper este pacto de impunidad es esencial para desmantelar las estructuras corruptas y construir Estados Democráticos que verdaderamente sirvan a su pueblo.
En última instancia, la ruptura del pacto de impunidad no solo es un acto legal, sino también un acto de empoderamiento de los pueblos de América. Por lo tanto, desafiar los discursos de unidad tejidos alrededor del Estados capturados por el crimen organizado desde Alaska hasta la Patagonia allana el camino para un cambio sistémico y sostenido, transformando la estructura misma de la gobernanza hacia una realidad más justa y digna.
La salida para cambiar sistemáticamente la construcción de Estados Mafiosos también pasa por desarticular a los beneficiarios de las políticas “punitivo/mafiosas” internacionales contra el crimen organizado. Estos beneficiarios del Norte de América venden miedo, armas y supuesta seguridad, y sus ventas se nutren del lavado de activos y dinero bajo el respaldo de las leyes en los estados de Delaware, Nevada o Wyoming, leyes que han facilitado a las corporaciones crear compañías fachada en sus propios estados. Se imaginan cuánto dinero de los líderes políticos de Estados Mafiosos de América pasa por ese sistema mafioso/flexible de estas ciudades norteamericanas.
Como podemos ver, el problema de la impunidad en el continente es en realidad el combate a la corrupción global, no es un tema exclusivo de América Latina, es en gran medida lo que el sistema financiero norteamericano ha protegido. La gran corrupción es geopolítica y está en el norte del mundo: los Estados “democráticos” de Europa y Estados Unidos son corresponsables de ello.
La ruptura del pacto de impunidad envía un mensaje poderoso de que la sociedad está comprometida con la construcción de un futuro en el que las generaciones más jóvenes no se vean atrapadas en un ciclo de corrupción y abuso de poder. Proporciona un terreno más firme para la construcción de instituciones que protejan y promuevan los derechos de las infancias, las adolescencias y las juventudes, contribuyendo así a la ruptura del cinismo político en América y construyendo mayor democracia.
