La acelerada expansión de las ciudades en nuestro país se ha manifestado en las últimas cuatro décadas con desequilibrios y contradicciones, es el resultado de la pobre y en ocasiones nula planeación.
El patrón de los asentamientos humanos en el territorio nacional predominantemente es urbano, concentrando al 64% de la población total en zonas metropolitanas, con la supremacía sobresaliente de las Zonas Metropolitanas del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla–Tlaxcala y Toluca, representando al 30% de los ciudadanos (INEGI, 2020), y por otra parte, el 36% de la población total está dispersa en ciudades pequeñas y rurales, predominantemente en el Sur-Sureste de nuestro país. Esta tendencia ha provocado desequilibrios regionales considerables, ocasionando problemas de gobernanza y de prestación de servicios públicos dignos, caracterizados por la ausencia de infraestructura, equipamiento, vivienda y el deterioro de la calidad de vida y bienestar de los mexicanos.
Retos como el abasto suficiente y oportuno de agua potable, el manejo adecuado de los residuos sólidos, la contaminación del aire y suelo, aunado a fenómenos naturales como sequías e inundaciones, entre otros, no se están enfrentando apropiadamente, pues requieren de visiones regionales que superan las acotadas por los ámbitos municipal y estatal.
Por otra parte, el Plan Nacional del Desarrollo (PND), requiere progresar de la formulación de proyectos, ---muchos de éstos carentes de una visión integral y transversal, es decir, resultado de ingeniosidades o compromisos previamente adquiridos,--- a la de propuestas colegiadas con visión de largo plazo, por lo que se vuelve relevante la participación de la comunidad en el proceso de planeación, ejecución y vigilancia, garantizando así, un mayor logro en los previamente objetivos establecidos.
El impulso al desarrollo regional, así como el de las poblaciones rurales, hasta la fecha han estado marginados de los Planes Nacionales de Desarrollo, así como en el diseño de políticas públicas.
La perspectiva regional de desarrollo debiera ser la columna vertebral del PND, en consecuencia, de los Planes Sectoriales, Estatales y Municipales. El presupuesto de Egresos de la Federación igualmente deberá partir de una visión regional del desarrollo para asignar recursos a ramos o sectores, dependencias, entidades y organismos autónomos.
El Sistema Nacional de Planeación democrática deberá estar fundamentado principalmente en el impulso a las regiones del país de acuerdo con su vocación natural, social, histórica-cultural y territorial, de igual forma se considera fundamental abundar en los mecanismos de instrumentación y políticas públicas para lograr a largo plazo el desarrollo económico de las regiones y conjuntamente el combate a la pobreza; se registran 55.7 millones de personas en situación de pobreza (CONEVAL, 2020).
Debemos reducir los desequilibrios regionales que existen actualmente, a través de la orientación del desarrollo económico, impulsando la diversificación de actividades económicas y el mejoramiento de los sistemas de enlace interregionales.
Asimismo, se deberá priorizar el apoyo al sistema de ciudades medias; el fortalecimiento de la gobernanza metropolitana para regular su crecimiento; el establecimiento de una red nacional de centros de población jerarquizados por niveles de atención; el impulso a las áreas rurales; el mejoramiento en la calidad de los serviciaos urbanos, con atención preferente a los grupos sociales más necesitados o vulnerables; el fortalecimiento de la capacidad municipal; y la regulación y preservación de los valores histórico-culturales.
Recién transcurrida la primera mitad del actual gobierno federal, es el momento adecuado para reflexionar y preguntarnos si la Ley de Planeación estará a la altura de las circunstancias para dar frente a los retos del México de hoy y del mañana, con visión de largo plazo.
La planeación es una extraordinaria herramienta que nos permite dibujar el camino hacia un futuro más justo y equilibrado. ¿Tenemos los instrumentos necesarios para llevar a cabo ese Plan con visión de largo plazo (30 años)? O acaso, ¿no podemos ver más allá del 2024? y, en consecuencia, cada sexenio nos tenemos que reinventar con los altos costos que esto representa. Justo estamos ante una nueva etapa de nuestra historia; reflexionemos y participemos en, considero fundamental, una completamente nueva Ley de Planeación.
Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas A.C.
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