Las buenas intenciones no se transforman en buenos resultados simplemente por ser buenas. Al menos en la vida privada, esto es un hecho universalmente aceptado: nuestros deseos no siempre devienen realidades. Quizá debería decir que casi nunca. La historia de las personas -con minúscula- está plagada de cosas que no salieron como uno quería, pequeños fracasos. Es evidente que si Mónica, motivada por el deseo de hacer feliz a su hijo (a quien tanto ama), decide no llevarlo a la escuela (para que no sufra con tareas tediosas y exámenes complicados) y darle hamburguesas, Chips fuego y KitKats todos los días, terminará con un adulto obeso y desempleado. Su hijo tendrá mala salud y -en el mejor de los casos- un ingreso que apenas le permitirá sobrevivir. Las buenas intenciones de Mónica acaban en todo lo que no quería. Pero es obvio, ¿no? Mónica debería pensar en los efectos de sus acciones sobre el nene y darse cuenta en un parpadeo de que hay que mandarlo a la escuela y hacerlo comer bien (aunque cueste varios berrinches).
Como sucede a menudo, lo que consideramos trivial en cierto contexto nos es imposible verlo en otro. Aquí, el gobierno es ese otro. El diseño de la política pública se debe hacer pensando en las implicaciones que tendrá para la población, no en nuestros lindos deseos de cambiar el mundo. En otras palabras: hay que evaluar si la respuesta de las personas a los incentivos generados por el programa coincide con los objetivos. Y hacerlo siempre antes de echar a andar una nueva política.
El programa Jóvenes construyendo el futuro se creó para integrar a la población joven en la vida laboral (la vida productiva) del país. El gobierno identificó alrededor de millón y medio de jóvenes desempleados entre 18 y 29 años (según la ENIGH de 2016), y otros casi dos millones que no estudian ni trabajan (según la ENOE del último trimestre de 2016), sea porque entran en la categoría de desanimados (buscaron trabajo y no encontraron) o porque sencillamente no quieren (ninis). Para reanimarlos, el gobierno les ofrece 3 mil 600 pesos mensuales, seguro médico y capacitación en el área que elijan: cultura y deporte, administración, ventas y comercio, servicios, sector agropecuario, oficios, sector industrial, electricidad, profesionistas (lo que sea que eso signifique) o ciencia y tecnología. Capacitación es el nombre que el programa le da a prácticas profesionales: los participantes están obligados a asistir 5 días a la semana a la empresa asignada, entre 5 y 8 horas (dependiendo de los lineamientos del empleador). Las empresas participan de forma voluntaria para ofrecer capacitación (sin posibilidad de seleccionar entre los aspirantes) y pueden contratar a los becarios luego de que acabe el programa.
Hasta ahí todo suena como maravilla. Se integra a un sector marginado de la población, más jóvenes contribuyen a incrementar la productividad del país, las PYMEs colaboran con el gobierno para disminuir el desempleo y se benefician con talento joven. El problema es que esas son las intenciones del programa, no sus efectos.
Primero pensemos en las personas a quienes les resultará atractivo el programa. Como contempla a aquellos que no estudian, los trabajos que se ofrecen requieren muy pocas habilidades (secretario, obrero, carpintero, etcétera). La mayor parte de las personas interesadas serán aquellas que no tengan otra opción de empleo. Y dado el salario, no tener otra opción significa carecer de un grado o experiencia relevante para competir en el mercado laboral. Es poco probable que un ingeniero de la BUAP esté desempleado, pero si no ha encontrado trabajo será difícil que acepte ir a aprender alguno de esos oficios por ese sueldo. Entre los solicitantes habrá muchos que nunca fueron a la escuela, que tienen alguna adicción, que por alguna razón están incapacitados para aprender y trabajar. No es casualidad que una de las causas de baja especificadas en los lineamientos sea presentarse borracho -o bajo el influjo de cualquier otra droga- a la capacitación: los asesores económicos del gobierno saben del tipo de incentivos que están generando. En resumen, el programa atraerá a los peores candidatos para un empleo, no a los flamantes jóvenes llenos de potencial.
Los economistas llaman a eso un problema de selección adversa: dado el diseño de las reglas, quienes resultan atraídos son los menos deseables. Si uno ofrece un seguro médico sin restricciones, la mayor parte de las personas que se presentarán a contratarlo serán las que ya están enfermas y necesitan apoyo. Las compañías de seguros conocen muy bien ese problema, por eso no ofrecen sus servicios a alguien que tiene cáncer en el momento de solicitar una póliza.
Claro que es deseable integrar a los adictos, los discapacitados y los flojos al mercado laboral, pero la eficacia de un programa se mide por sus objetivos cumplidos, y aquí ya muestra uno no logrado: el millón y medio de jóvenes que sí están compitiendo por un trabajo y no lo encuentran (desempleados) seguirá sin tener empleo con este programa.
Sin embargo, el error más grave de Jóvenes construyendo el futuro radica en lo que se espera de las empresas. Contrario a lo que muchos puedan desear, las empresas -como los humanos- no son hermanas de la caridad. Buscan incrementar sus ganancias, y para ello contratan a quienes creen que ayudarán más a lograrlo. En Jóvenes construyendo el futuro , incluso cuando el gobierno se encarga de pagar un salario a los becarios y proveerles de seguro médico, la empresa es responsable de capacitar a los jóvenes y darles todo el material que eso implique.
¿Qué director de un negocio estará dispuesto? Para la empresa no solo no hay beneficios, sino que pierde. Para capacitar se necesita experiencia, así que la empresa tiene que prescindir de un empleado valioso durante un año para que se dedique a entrenar jóvenes sin estudios ni experiencia (como despedir a un empleado, pero seguirle pagando). Tiene que dedicar un espacio para recibir a los becarios (que ocupaba para otra cosa), invertir en los materiales de trabajo, y todo sin siquiera poder elegir a quiénes recibirá. Además, está el riesgo -bastante alto por el problema de selección adversa- de que los becarios sean irresponsables, y causen problemas por no cumplir las reglas.
En febrero de este año ya había reportes de empresas que solicitaban dinero a los becarios para aceptarlos, o que los descartaban de acuerdo con su experiencia laboral (El Economista, 15/02/19). Dos meses después, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social confirmó que unas 50 empresas estaban intentando lucrar con el programa. No hay que sorprenderse: nadie invierte en alguien (o algo) que cree que no vale la pena. Las únicas empresas que pueden darse el lujo de tener esas pérdidas son aquellas que por su tamaño tienen fundaciones o pueden permitirse donaciones. De las 219 empresas registradas en el programa en diciembre de 2018, el 96% tiene más de 250 empleados, y solo 3 son pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores). Las micro y pequeñas empresas no pueden darse el lujo de gastar en algo que no les reporte beneficios directos. Creo que no necesito aclarar que Cinépolis y Citibanamex no están considerando a los becarios para darles un ascenso. Los directivos se toman la foto con el presidente y presumen su responsabilidad social. Las empresas no integran a los becarios y los 100 mil millones que costará el programa serán, en el mejor de los casos, un pequeño premio a los jóvenes que no aportan en México. El programa no logró su principal objetivo.
No son los únicos problemas. Por ejemplo, es muy cándido ofrecer 10 áreas de empleo con tan pocas empresas registradas y concentradas en pocos rubros. Yo me registré en febrero para un empleo en el área de cultura y mientras escribo esto sigo esperando el correo que me diga a qué centro de trabajo me puedo unir. También está la contradicción de la demagogia populista que aborrece a los grandes corporativos, pero implementa un programa en el que -como dije antes- prácticamente todas las empresas involucradas son grandes. Seguramente quienes asesoran en materia económica al presidente sabían de todo esto, por eso se planteó que durara solamente un año, a pesar de que hace unas semanas abrieran el pre-registro para el 2020. El gobierno -como Moniquita, quiere a sus pequeños felices, así que les da papitas y dulces.
