El próximo año habrá elecciones. Será la vez primera que los mexicanos puedan reelegir a diputados y senadores federales. La vez primera por lo menos para esta generación, en la que ya es casi imposible encontrar alguien nacido antes de 1935 (la reelección consecutiva se prohibió en 1933). En 2018 presidentes municipales, regidores y diputados locales ya gozaron de la prerrogativa. ¿Pero no la revolución se hizo al amparo de la grímpola de “sufragio efectivo, no reelección”? ¿Estamos en la antesala del infierno absolutista? La evidencia dice que el escenario es mejor de lo que parece.
Claudio Ferraz y Frederico Finan -profesores en la Universidad de Columbia Británica y de la Universidad de California, en Berkeley, respectivamente- estudiaron hace unos años el impacto de los incentivos impuestos por las reglas electorales sobre la corrupción. El trabajo fue arduo. Primero analizaron los reportes de auditorías anticorrupción en los municipios de todo Brasil. Transformaron los resultados de cada auditoría en una medida: la proporción de fondos federales asociada con fraude, sobrefacturación o peculado. Luego corrieron sus regresiones, en las que compararon presidentes municipales -dentro del mismo estado- que fueron auditados al mismo tiempo. La única diferencia es que unos alcaldes estaban en su primer mandato (podían reelegirse), mientras que para otros era su segundo periodo (sin posibilidad de reelección).
En los municipios en los que el presidente municipal se podía reelegir, el porcentaje de fondos asociados con peculado es 27 por ciento menos que en aquellos municipios en los que el alcalde ya no podía postularse. Seguro piensan como las señoras encajosas al final de una boda: si ya me voy me llevo todo lo que pueda, desde el centro de mesa hasta la silla. Pero no todo depende de la ley. En los municipios que no cuentan con un periódico -o radio- local la corrupción solo disminuyó 9 por ciento entre quienes tenían que dejar el puesto y quienes se podían reelegir. Los medios de comunicación mejoran la rendición de cuentas. Sin embargo, el mensaje es claro: si me puedo reelegir hago las cosas bien, porque me quiero quedar, pero cuando ya no tengo opción me llevo lo que alcance. Las leyes cambian los incentivos, y si lo hacen en la dirección correcta pueden reducir la corrupción.
Gustavo J. Bobonis -profesor en la Universidad de Toronto- y algunos colegas, encontraron resultados similares en Puerto Rico. La isla caribeña tiene un organismo autónomo que audita a los gobiernos municipales y hace públicos los resultados. Las fechas de las auditorías para cada municipio están en la ley, así que no dependen de las veleidades del gobernante en turno. Bobonis primero creó una base de datos con el número de hechos corruptos detectados en cada auditoría, para cada municipio, desde 1987 hasta 2005. Usando una lógica similar a la de Ferraz y Finan (es decir, asumiendo que las auditorías próximas a la elección son más útiles para la sociedad que las que se hacen con mucha anticipación), Bobonis clasificó las auditorías realizadas en los dos últimos años de un mandato como ‘oportunas’, y las acaecidas en los dos primeros años como ‘inoportunas’ (el mandato dura cuatro años, y se pueden reelegir). En sus regresiones comparan a los alcaldes auditados oportunamente con los que fueron investigados en los dos primeros años de gobierno.
En los municipios auditados de forma oportuna (en los dos años previos a la elección) encuentran, en promedio, 67 por ciento menos casos de corrupción que en el resto. Igual que en la investigación anterior, los políticos no roban porque hay un premio potencial por seguir la ley (reelegirse). El problema es que cuando el premio desaparece también desaparece su ética. Igual que los alcaldes brasileños en su segundo periodo (que son más corruptos que en el primer mandato), los presidentes municipales puertorriqueños auditados poco antes de la elección, una vez que logran reelegirse y son auditados de forma inoportuna, muestran los mismos niveles de corrupción que aquellos a los que auditan cuando falta mucho para competir en las urnas. En otras palabras, solo les importaba la reelección, lo cual sirve para recordarle a los cándidos que nadie trabaja por honor, se trabaja por dinero. Aunque esto no quiere decir que, como en el segundo periodo vuelven a ser corruptos, qué más da que lo sean desde el primero: la evidencia muestra que la reelección de un periodo nos puede proveer de mejores gobiernos, honestos, al menos durante un mandato. En un sistema sin reelección todos los gobiernos son rateros, porque aunque hagan bien las cosas no serán recompensados; apuestan como en el último tiro: arriesgo todo. Una solución a este problema podría ser auditar de forma constante, para que incluso quienes estén por salir del cargo sientan el peso de la ley si no la respetan.
Esto no significa que si aumentamos el número de posibles reelecciones la corrupción disminuirá hasta esfumarse. Las dictaduras demuestran lo gaznápiro que es el argumento. Si me voy a quedar para siempre en el poder tampoco tengo incentivos para atenerme a la ley. (Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida, como reza el estribillo de la canción.) Además, las auditorías no son la panacea contra la corrupción. En una investigación de un programa de construcción de carreteras en Indonesia, Benjamin Olken y Rohini Pande mostraron que los políticos sustituyeron la sobrefacturación por más licitaciones otorgadas a familiares en respuesta a un programa anticorrupción que intensó las auditorías. Id est, una auditoría no cubre todos los tipos de corrupción. Por otro lado -como muestra el estudio de Ferraz y Finan-, las auditorías pierden mucho impacto si sus resultados no se divulgan. Los medios de comunicación son un complemento esencial para que los ciudadanos puedan castigar en las urnas, y por lo tanto los políticos se sepan comprometidos. Habrá que replicar las mediciones en México para saber qué tanto nos benefician las nuevas reglas. Empero, hay que decirlo, es un buen comienzo.
