El pasado viernes 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, el cual fue catalogado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como un “ataque” de la Secretaría de Energía a la autonomía de los reguladores energéticos. Según el CCE, este acuerdo “violenta el estado de Derecho y atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país”.
Pareciera que la Sener busca deteriorar un ya erosionado marco regulatorio en esta materia. México requiere fuertes inversiones en energía tan sólo para resolver el rezago actual, pero también para aumentar la capacidad que requiere el país en las próximas décadas, y la energía renovable sigue siendo una de las mejores alternativas para lograrlo.
En los últimos años, se han invertido más de 8,600 millones de dólares en energía limpia en México, lo que representa casi un 10% de la inversión extranjera directa en el país. Pero, como indica el CCE, este acuerdo y otras medidas aplicadas por la Sener desde 2019 podrían afectar a inversiones por más de $30,000 millones de dólares y afectar al empleo en 18 estados del país. Yo creo que éste es un cálculo conservador.
Esta medida puede agravar el costo en millones de empleos que tendrá el COVID-19 en México, además de menoscabar el estado de derecho a nivel corporativo. Somos todavía una economía creíble a nivel internacional, pero la percepción que ofrecemos hacia el exterior se deteriora, como lo reflejan las bajas de calificación de la deuda soberana y de Pemex.
Este no es un caso aislado: desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en octubre de 2018, hasta la obstrucción del proyecto de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, en marzo de 2020. En ambos casos se realizó una aparente consulta y se argumentó el daño ambiental de estas inversiones.
Pero ¿acaso se cuestiona si las energías renovables convienen ambientalmente a México, o si no generan miles de empleos y una derrama económica significativa en las regiones donde se implementan? Estamos encaminándonos a incumplir nuestros compromisos internacionales en cuanto a reducción de emisiones, por ejemplo, como el Acuerdo de París.
Si tanto interés tenemos por mediar el impacto ambiental, bien debiéramos de promover energías limpias y no bloquearlas, pero esto ya se ha vuelto político. Y lo digo porque tampoco podemos olvidar, que el propio director de la CFE, Manuel Bartlett, en octubre del año pasado, cuando comparecía ante la Cámara de Diputados en argumentaba que las “energías
renovables son demasiado caras”, lo cual es claramente falso y se puede demostrar mediante numerosos estudios a este respecto en todo el mundo, pero también por medio de diversas implementaciones en decenas de países que cuentan con casos de éxito.
No me parece que estemos en posición de perder oportunidades como esta, tirando inversiones a la basura y perdiendo credibilidad. Tampoco estamos para perder empleos. Por sus características geográficas, México es uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de energías renovables en la región. Y hasta ahora teníamos también una ventaja coyuntural única con una reforma energética que permitía atraer interés y capitales internacionales. Y ahora más que nunca, la nueva normalidad que resulte de la era post-COVID-19 nos va a exigir hacer las cosas mejor.
