En las últimas semanas la denominada Reforma Electoral ha girado en torno a diversos pronunciamientos a favor y en contra y, no es para menos, gran parte de nuestro sistema democrático se basa justamente en los procesos electorales, en sus instituciones, en sus mecanismos de vigilancia, supervisión y sanción, así como en los controles para la fiscalización de los recursos públicos y privados que son utilizados por los actores políticos.
No obstante, existen otros temas que deben ser analizados con seriedad y urgencia con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres referidos en los diversos convenios internacionales de los que nuestro país es parte, así como de los que están consagrados en nuestra propia Constitución Política y en diversas leyes.
Toda nación que basa su régimen en un sistema democrático debe estar soportado en la participación de su ciudadanía, hombres y mujeres con los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. En esto radica la igualdad sustantiva que, en México, ha recorrido un largo camino que no termina de concretarse, ya sea porque las leyes en la materia han resultado insuficientes, así como por la constante lucha para cambiar la arraigada costumbre ideológica, cultural y funcional de un Estado patriarcal como el nuestro.
En este sentido, expongo a continuación algunas de las acciones que deben ser consideradas para alcanzar una sociedad igualitaria, libre de violencia de género, equitativa y justa para las mujeres que, además, somos mayoría en este país con régimen democrático:
Debe promoverse una cultura basada en la igualdad entre los géneros con el fin de construir una sociedad más justa e igualitaria; el Índice Global de Brecha de Género 2022 refirió que en México se necesitarán 132 años aproximadamente para alcanzar la paridad total entre los géneros. Los partidos políticos son los agentes más importantes para garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres en condiciones libres de violencia, por lo que deben trabajar al interior y exterior para permear esta cultura.
Es fundamental que el Legislativo retome la discusión sobre el incremento del financiamiento que se le otorgue a las instituciones políticas para el fortalecimiento, capacitación y empoderamiento de las mujeres y que estos recursos sean utilizados en programas y acciones certificadas y con la calidad suficiente para cumplir con el objetivo de este financiamiento.
Debe institucionalizarse la perspectiva de género en el desarrollo de leyes, normas, políticas públicas y acciones con la finalidad de lograr relaciones igualitarias.
En el registro de las candidaturas a cargos de elección popular tanto en los procesos electorales locales como federales es importante que el formato #3De3ContraLaViolencia, además de obligatorio, sea un requisito auditable.
Es necesario fortalecer las legislaciones electorales locales para alcanzar la paridad en los ayuntamientos. Hasta 2022 se contabilizaba apenas alrededor del 29% de las presidencias municipales en todo el país ocupadas por mujeres. De igual forma, deben establecerse leyes locales más estrictas para erradicar el grave problema de la violencia política contra las mujeres en razón de género ya que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política en razón de género, el 72.54% de dichos registros se ubican en nivel municipal; en poco más del 20% de los casos las personas que cometen este tipo de violencia son las que ocupan las presidencias municipales.
Debe establecerse legalmente la obligación para que las autoridades electorales que resuelvan casos de violencia política en razón de género determinen si una persona deja de cumplir con el requisito constitucional de tener un modo honesto de vida y, por tanto, no pueda ser postulada a ningún cargo de elección popular.
Sería un elemento indispensable que, como lo he propuesto en reiteradas ocasiones, el Instituto Nacional Electoral (INE), así como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) contaran con una Defensoría Pública con la finalidad de acercar la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia de género.
Estas y otras propuestas para garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres y erradicar la violencia política en razón de género deberían ser analizadas por el Poder Legislativo con el único objetivo de construir una sociedad plena, con desarrollo armónico, equitativo y justo, y con igualdad de derechos para materializar la igualdad sustantiva en nuestro país lo que, sin duda alguna, sería un pilar fundamental para nuestro sistema democrático.
Consejera electoral del INE
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