La violencia política contra las mujeres afecta no solo su pleno desarrollo, también, sus derechos humanos y su libre participación política lo que impide una igualdad sustantiva que es una exigencia de todo sistema democrático como el nuestro.
Por ello y con la finalidad de visibilizar este fenómeno, para atenderlo y buscar erradicar este cáncer que se manifiesta en el ejercicio del poder público, el Congreso de la Unión en el año 2020 modificó ocho leyes con la intención de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género.
Con esta normativa, el Instituto Nacional Electoral (INE), a propuesta de una organización de la sociedad civil, estableció la llamada #3De3ContraLaViolencia que permitió en la elección de 2021 con una revisión muestral de las personas candidatas, verificar que no se encontraran en alguno de los supuestos de violencia de género, violencia familiar, sexual o fueran personas deudoras alimentarias morosas.
En mayo de 2023 son reformados dos artículos de la Constitución Política para ampliar los tipos de violencia de género y determinar la suspensión de derechos de las personas que hubiesen cometido alguna de las ocho conductas que dieron vida a la #8De8ContraLaViolencia, en la que se establecieron las conductas, entre ellas la violencia política contra las mujeres, por los que una persona no puede acceder a un cargo de elección popular, ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público si se le acredita violencia de género.
Con todo este marco regulatorio el INE ha conformado diversos instrumentos como protocolos, guías y lineamientos para atender la violencia política contra las mujeres.
En este sentido, el INE por conducto de su Unidad Técnica de los Contencioso Electoral (UTCE) en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) integraron dos instrumentos para medir el nivel existente de riesgo en el que pueden encontrarse las mujeres que presentan una queja o denuncia por violencia política de género.
El objetivo de toda medición es observar, por ejemplo, la correcta aplicación de alguna política púbica previamente determinada, los alcances de metas programadas y, para el caso de la violencia de género, es la identificación de riesgos, así como el nivel en el que puede ser expuesta una mujer que presenta una denuncia o una queja en materia de violencia de género, su familia u otros.
Los dos instrumentos conformados por la UTCE y la UNAM tienen como base el Protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del análisis del riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Bajo este contexto, la implementación de estos instrumentos consiste en la aplicación de dos cuestionarios que permitan identificar los riesgos referidos para proteger la seguridad e integridad de las mujeres y, de ser el caso, de sus familiares o amistades a través del dictado de medidas cautelares.
Estos cuestionarios, cuya aplicación se realizará a través de una prueba piloto en la que participarán 300 mujeres; 150 corresponden a mujeres que hayan sido precandidatas y/o candidatas en las elecciones de 2021 y 2024 (link: https://es.surveymonkey.com/r/XRGY9M5) y, las otras 150 a las mujeres que hayan ocupado algún cargo de elección popular, o bien, que se encuentren actualmente en funciones (link: https://es.surveymonkey.com/r/ZWW2ZB8).
La aplicación de estos cuestionarios se realizará en un periodo prácticamente de dos meses y medio (del 15 de julio pasado al 30 de septiembre).
De los resultados obtenidos el INE podrá establecer mejores estrategias para la prevención, atención, sanción y políticas para erradicar la violencia de género para crear condiciones más efectivas de la participación política de las mujeres en contextos libres de violencia.
