En un país como el nuestro, que basa el ejercicio del poder público en un sistema democrático en donde se contienen normas constitucionales y legales que permiten, entre otros aspectos, condiciones de equidad, justicia e igualdad para el acceso a dicho poder, las normas electorales constituyen la columna vertebral que da vida, cauce, legalidad, legitimidad y credibilidad al régimen político.
En este sentido, desde hace más de 30 años el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país, gracias al andamiaje normativo electoral construido por el Legislativo y por las autoridades electorales , ha permitido condiciones de competitividad, reglas claras para todos los actores políticos, vías legales e institucionales para impugnar los resultados electorales pero, sobre todo, que la ciudadanía, el principal ingrediente de las elecciones, tenga certeza de que su voto depositado en la urna cuenta.
Bajo este contexto, el sistema electoral con el que hoy contamos ha permitido darle estabilidad al país, garantizar la libertad y secrecía del voto y el acceso pacífico al acceso del poder, independientemente de la fuerza política, candidata o candidato que obtenga el triunfo. Por ello, es importante alertar a todos los actores políticos y a la sociedad en general sobre el impacto de la llamada Reforma Electoral.
De entrada, existen cambios en las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y se busca reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición un nuevo marco normativo en la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Algunos de los principales aspectos de la Reforma Electoral son, entre otros, los siguientes:
Impacto a la estructura organizacional del Instituto Nacional Electoral ( INE) tanto de sus órganos centrales como desconcentrados cuyas servidoras y servidores públicos son fundamentalmente miembros del servicio profesional electoral nacional que han demostrado su profesionalismo, conocimiento y lealtad institucional; la reducción de este personal sería de casi el 85% lo que impactaría en aspectos como la actualización del padrón electoral, la actualización cartográfica, la ubicación de casillas, la entrega de materiales y documentación electoral a las personas integrantes de casillas, a los sistemas de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, entre otros. Eso sin dejar de lado la afectación a los derechos laborales de las personas que integran este servicio y el impacto económico de esta reforma para el INE y, por lo tanto, para nuestro país.
Sobre el voto electrónico refiere, entre otras cosas, el diseño de un sistema de voto electrónico en un plazo no mayor a 5 años por una comisión del Congreso de la Unión en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y con el INE, lo que en los hechos implicaría un grave retroceso ya que se ordena detener los avances que en este tema tienen diversas entidades federativas y el propio INE. Con esta reforma se retrasaría al menos una década la implementación de la votación electrónica en nuestro país.
Se afecta el modelo de fiscalización, elemento indispensable que le ha dado equidad y justicia a los procesos electorales ya que, entre otros aspectos, establece un mecanismo que demoraría significativamente la adecuada fiscalización, incompatible con el sistema de fiscalización en tiempo real y se impide solicitar información a otras autoridades fuera de los procesos electorales, con lo que prácticamente la capacidad fiscalizadora del INE se vería seriamente afectada y limitada a periodos determinados cuando la fiscalización es y debe ser permanente.
Se verían afectadas el desarrollo y participación de las mujeres y grupos en situación de discriminación, así como el acceso pleno al ejercicio de sus derechos ya que la propuesta de Reforma Electoral solo contempla aspectos de capacitación y educación cívica en materia de paridad de género y derechos humanos en el ámbito político y limita el número de espacios en el poder legislativo únicamente a 25 para personas en situación de discriminación. Hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados se integra por 65 personas pertenecientes a estos grupos.
Se vulnera la autonomía constitucional del INE ya que, entre varias transgresiones legales, se pretende obligar a la instalación de módulos de atención ciudadana en edificios de gobierno, a que dependencias del poder ejecutivo revisen el padrón electoral, al reintegro de recursos no ejercidos que, en ocasiones, permiten enfrentar otras necesidades o proyectos institucionales, o bien atender la celebración de elecciones extraordinarias, o la consulta popular en 2021 y la revocación de mandato en 2022, por ejemplo.
De aprobarse la Reforma Electoral con éstas y otras modificaciones se trastoca gravemente el sistema electoral de nuestro país, se pondría en riesgo el óptimo desarrollo de los procesos electorales tanto federales como locales, se afectarían los principios básicos de equidad en las contiendas electorales, se atenta contra los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, se vulneraría una óptima fiscalización que garantiza la equidad y legalidad en las elecciones y, entre otras consideraciones, se afectarían derechos alcanzados para las mujeres así como por otros grupos que históricamente han sido discriminados.
No generemos incertidumbre jurídica, operativa y logística en las elecciones, nuestra nación merece contar con instituciones sólidas que sigan garantizando elecciones libres, en paz y alternancia en el poder sin derramamiento de sangre.
El Legislativo tiene la última palabra.
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