La elección más grande que haya tenido México en su historia se desarrollará en 2024 en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) estima que podrán participar más de 97 millones de electores y electoras lo que implicará, entre muchos aspectos más en torno a la planeación, organización y desarrollo de las elecciones federales que concurren con múltiples elecciones locales, la instalación de más de 170 mil casillas a lo largo y ancho del país que recibirán la votación de la ciudadanía en territorio nacional.
En 2024 se renovarán 9 gubernaturas en las que se deberá cumplir con el principio de paridad. En las elecciones de 8 entidades federativas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) su ciudadanía residente en el exterior podrá votar por la gubernatura de su entidad; para el caso de la Ciudad de México para la jefatura de Gobierno y una diputación migrante, además, para el caso de Jalisco por una diputación de representación proporcional.
Las elecciones de 2024 implican la renovación de 629 cargos de elección popular en disputa a nivel federal: la presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones; a nivel local, habrá elecciones en las 32 entidades federativas, 31 estados renovarán a su respectivo Congreso local, 1,098 diputaciones; 29 entidades federativas tendrán elecciones para la elección de 1,787 presidencias municipales, 1,973 sindicaturas y 14,160 regidurías. Además de las 16 alcaldías y 160 consejales para la Ciudad de México, así como 431 cargos auxiliares en Campeche y Tlaxcala.
Ahora bien, con la reforma electoral de 2014 al INE se le dio la enorme atribución de no solo organizar las elecciones federales sino también, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, las elecciones locales a través de la emisión de diversas disposiciones procedimentales, técnicas y operativas que permitirán uniformar criterios relacionados con mecanismos que den a conocer las tendencias electorales, directrices para el voto exterior, los procedimientos relacionados con los cómputos de las elecciones, entre otros, además de llevar a cabo la fiscalización de los ingresos y egresos en todo el país.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el INE, a través de la Comisión Temporal de Presupuesto, deberá conformar una propuesta financiera-presupuestal que, en su oportunidad conocerá y eventualmente aprobará el Consejo General de dicha institución que como ya vimos, tiene de frente la elección y una posible consulta popular en 2024. Es por ello por lo que, entre otros, el INE enfrentará los siguientes retos:
-Integrar un anteproyecto de presupuesto con responsabilidad hacendaria, prudencia financiera y pericia programática que involucre a todas las áreas de la Institución, a sus órganos desconcentrados, al Órgano Interno de Control, así como a las representaciones partidistas y legislativas.
-Conformar un anteproyecto de presupuesto que revise los componentes de nuestro modelo presupuestal para modificar, atemperar o erradicar prácticas del pasado sobre las que habrá de deliberar de manera colegiada.
-Establecer parámetros de austeridad y racionalidad presupuestaria.
-Introducir directrices que permitan el uso de las tecnologías de la información y comunicación con la finalidad de acortar tiempos y, consecuentemente, abaratar costos tanto en ámbitos administrativos como en los procedimentales y operativos.
-Se incorporarán, asimismo, aspectos que son necesarios para cumplir a cabalidad las obligaciones y responsabilidades legales de la Institución como, por ejemplo, la Defensoría para Mujeres que atienda diversa problemática relacionada con la violencia política contra las mujeres en razón de género y con los grupos en situación de discriminación.
En este sentido, el anteproyecto de presupuesto estará construido bajo las determinaciones legales respectivas y enmarcadas en nuestro Plan Estratégico Institucional, en el Modelo de Planeación del INE y en las políticas generales que derivan de los principios rectores institucionales.
Esto permitirá al INE, enfrentar con responsabilidad y eficiencia la elección y una posible consulta popular en 2024 evitando una mala planeación, excesos o hasta programas que bien podrán desarrollarse en periodos no electorales, cuidando y garantizando los derechos humanos de todas sus trabajadoras y trabajadores, así como las recomendaciones que, en su caso emita el Órgano Interno de Control.
Finalmente, se ha planteado el compromiso que, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, se tendrán las reuniones que sean necesarias con el Legislativo para exponer las necesidades, requerimientos y aclarar las dudas que sean necesarias porque a todas y a todos nos conviene contar con elecciones íntegras, transparentes y confiables.
Consejera electoral del INE
