Por primera vez en nuestro país, de acuerdo con el Decreto publicado el 16 de septiembre pasado que reformó diversos artículos de la Constitución, se llevará a cabo una elección popular de diversos cargos del Poder Judicial Federal. Dicha reforma establece la atribución y alta responsabilidad para el Instituto Nacional Electoral (INE) de organizar, desarrollar y poner en ejecución dicho proceso electivo.
En virtud de este enorme reto, el INE ha enfrentado una serie de desafíos que van desde presentar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una acción declarativa sobre si debía continuarse con la elección del poder judicial en atención a sentencias emitidas por varios juzgados de distrito que emitieron suspensiones en juicios de amparo, pasando por la solicitud de una prórroga de 90 días para contar con más tiempo para el desarrollo de una serie de procedimientos que al final fue rechazada, hasta la incertidumbre de conocer el presupuesto con el que contaremos para llevar a cabo este proceso electoral extraordinario.
Independientemente de esto, el INE ha reiniciado con una serie de preparativos para la realización de la elección judicial a menos de 6 meses de ésta.
Apenas el pasado 21 de noviembre el Consejo General de la Institución, su máximo órgano de decisión, luego de múltiples jornadas extenuantes de trabajo aprobó el Marco Geográfico Electoral que será utilizado en la elección. Al respecto, hay que decir que, algunas figuras juzgadoras tienen una delimitación territorial distinta a la geografía electoral, por lo que dicho Marco considera una serie de elementos que determinan el área específica en que la ciudadanía estará adscrita para elegir a sus candidatas y candidatos de acuerdo con el cargo al que aspiran.
Al Marco Geográfico Electoral le corresponderá la conformación, a más tardar ya en este mes de diciembre, la aprobación de los plazos y términos del uso del padrón electoral y del listado nominal de personas electoras, y el 15 de febrero de 2025 deberá registrar el corte definitivo que servirá de base para el procedimiento de integración y determinación del número de casillas a instalarse en la elección.
Otros enormes retos que el INE deberá delinear a través de normas edificadas en Acuerdos, en lineamientos y criterios novedosos para contar con un marco normativo electoral, serán las relativas a las campañas electorales ya que para los cargos de elección de personas juzgadoras está prohibido el financiamiento público o privado, así como la contratación de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación que promocionen a candidatas y candidatos.
Esta delimitación implica desafíos importantes en materia de fiscalización, elemento fundamental del INE en materia de investigación, transparencia y rendición de cuentas de los actores que participen en la contienda electoral judicial y, entre otras disposiciones, el INE tendrá que vigilar que los topes de gastos personales, de cada candidatura, una vez que se fijen los montos, no podrán ser superiores al límite de las aportaciones individuales para diputaciones federales.
Asimismo, el INE deberá vigilar que ningún partido político, persona servidora ni institución públicas realicen erogaciones a favor o en contra de las personas candidatas.
En materia de organización de la elección, con el objetivo de dar certeza y legalidad al proceso, debe definirse de manera correcta la conformación de la boleta electoral, los criterios para las personas que decidan participar como observadoras electorales, la ubicación de las casillas, la designación del funcionariado que atenderá a nuestros vecinos y vecinas para recibir el voto de la ciudadanía, así como el cómputo de la elección judicial.
Un reto mayúsculo será la estrategia que se implemente en torno a la difusión y promoción del proceso judicial para incentivar a la población a asistir a las urnas a que emita su derecho al sufragio.
También el INE deberá analizar temas que no están previstos y que tiene tiempos muy cortos para la definición de proyectos institucionales que se han incluído en el desarrollo de procesos eectorales a cargos de elección popular tales como el relativo a la participación de las personas en prisión preventiva, la instrumentación del voto anticipado, o bien, la participación de las y los mexicanos residentes en el extranjero.
Como podemos ver, el reto del INE en la organización de la elección judicial no es menor, pero la ciudadanía debe estar confiada de que haremos nuestro máximo esfuerzo para llevar a buen puerto este proceso electivo.
